El latifundio es una unidad económica y social al mismo tiempo que foco de poder rural, que se forma mediando históricamente circunstancias especiales. La declaración parece perogrullada, la hacemos, sin embargo, porque demasiado a menudo los historiadores y cientistas sociales olvidan la médula histórica del fenómeno. Así, unos creen que en América Latina colonial latifundio y encomienda son una misma cosa, otros piensan que tras la expansión española en el continente apareció el latifundio —gracias a las mercedes de tierra— como un complejo ya maduro y definitivo y que perduró intacto hasta la actualidad. Muy pocos son, finalmente, los que toman en cuenta que en la medida que el contorno histórico varió, las características económicas y sociales y las posibilidades del latifundio en el manipular del poder también variaron considerablemente.

En algunas épocas de la evolución histórica del continente los latifundistas alcanzaron la plenitud de su poder, pero en otras tuvieron que transar, como grupo o individualmente, ante otras fuerzas, representadas por diferentes sectores de la economía y la sociedad. Lo que parece incuestionable, en todo caso, es que latifundismo y poder rural, latifundismo y poder regional y nacional, son fenómenos históricos siempre íntimamente relacionados. De lo que no estamos seguros, es de cómo llegó a ser cierto y cuáles fueron los primeros vínculos de dominio entre quienes poseían la tierra y el resto de la constelación socioeconómica y de gobierno en un momento particular de la historia. Para ayudar a comprender este proceso intentaremos describir aquí, a grandes rasgos, lo sucedido en Chile en los momentos en que surge, se afianza y alcanza una primera plenitud el latifundio tradicional.

Queremos decir primeramente que dejaremos de lado el problema de la mera tenencia de la tierra. Es el punto más básico, pero también uno de los más perturbadores en el tema. Un propietario que posee una gran extensión de tierra no es, por ese sólo hecho, un latifundista. No fue, por cierto Cristóbal Colón el primer latifundista de América. Ni tampoco lo fueron los conquistadores, que recibieron toda la tierra que quisieron, con o sin indios. Las cuestiones claves son: 1) que el terrateniente, además de la tierra, tenga bajo su dirección más o menos directa algo que manejar, manipular y dominar en forma excluyente de otros grupos o personas, cuestión que conlleva un cierto grado de oposición a su acción; 2) La racionalidad y “economía” con que maneja la tierra, lo que implica mayor o menor grado de eficacia económica, social y política.

Tomando en cuenta las constantes anteriores, desde hace ya algunos años acostumbramos distinguir —desde la invasión europea al continente Americano hasta nuestros días— por lo menos cuatro fases de desarrollo distintas del latifundio, que por supuesto, dan tipos diferentes de grandes propiedades: una etapa de prelatifundio o de frontera agraria, otra de latifundio antiguo, otra de latifundio tradicional y una última de latifundio moderno. Aunque el presente estudio se refiere especialmente al tercer tipo de ellos, vale decir al latifundio tradicional, nos parece oportuno detenernos en una breve caracterización de los tres primeros^[2].

Se acostumbra decir, con ligereza, sobre los españoles que llegaban a participar en la conquista de América, que buscaban la posesión de la tierra porque ella daba “prestigio y riqueza”. Creemos que ocurría todo lo contrario en el período del prelatifundio, que cronológicamente cubre la conquista y sus decenios siguientes. En aquellos años el prestigio y la riqueza da también, entre otras cosas, la posesión de la tierra. La tierra es un elemento más que se distribuye a los conquistadores y sus descendientes, junto con títulos y honores, con el derecho de usufructuar del trabajo y tributación de los indios, con la excepción de impuestos, con la oportunidad de trabajar las minas, etc. La tierra que se da generalmente vale poco, no se trabaja ni rinde mucho económicamente. Es una tierra en que los accesorios de producción que se ponen sobre ella, como ganados, indios, esclavos, valen mucho más que ella misma. Al período de prelatifundio lo hemos denominado también “etapa de frontera agraria”, porque es un lapso de formación de una economía agraria, de intensa aculturación y de ensayos de distintos tipos de producción agrícola.

Lo que se logra en el período de prelatifundio es precisamente plasmar las bases necesarias al surgimiento del latifundio. Estas se consiguen fundamentalmente a través de la estructuración de mercados agrarios y del control del Estado sobre la posesión de la tierra. Lo primero se realiza en un complejo de condiciones que se van dando en distintas épocas en el Continente, a lo largo de los primeros 50 años del asentamiento europeo. Entre las más importantes anotamos: la apertura de capacidad de consumo de productos agrarios en áreas no rurales, un sistema de cambios --monetario o no-- continuo y estable, un sistema permanente de medidas de longitud y de volumen, una cierta disponibilidad de mano de obra no encomendada y, finalmente, un aparato legal que ampare y garantice la continuidad de todo lo anterior^[3].

Lo segundo, es decir el control estatal, trata por una parte infructuosamente de detener los mecanismos de acumulación de tierras de indios en manos de empresarios españoles, generalmente conseguidas ilícitamente. Y a través de imposiciones fiscales extraordinarias y especiales, entrega la licitud perpetua de la ocupación, originando de este modo la legitimidad de la ocupación y usufructo de la tierra, cosa que altera en buena medida el incipiente “mercado” de la tierra^[4].

En la etapa del prelatifundio la inversión en la producción agrícola es baja, la tecnología empleada es pobre y la racionalización de la empresa agrícola muy primitiva. Las excepciones a esta regla general serían las plantaciones de monocultivos tropicales, las plantaciones andinas de coca y, mucho más atrás en relación a la extensión y monto comercial del cultivo, algunos viñedos en regiones de Perú y Chile. En igual forma, y con las excepciones ya dichas, el rendimiento económico de la tierra es también bajo. Salvo en casos contados, en que el rendimiento de la tierra estuviera directamente conectado con circuitos mineros o en otros, como los complejos productivos jesuíticos, donde exenciones de impuestos se combinan con producciones “encadenadas” de material altamente rentables como la yerba mate o la caña de azúcar. El resto de las propiedades clasificables como prelatifundio muestran fenómenos de derroche de mano de obra y otros recursos, especialmente el agua de regadío, aprovechamiento masivo de la producción local autóctona, captada a través del tributo indígena, escasez de capitales y de créditos.

Cumplida la etapa formativa, arriba anotada, estamos en presencia del denominado latifundio antiguo. En los diferentes reinos que constituían el mundo colonial latinoamericano hay variaciones de forma y de cronología en este advenimiento. Pero al mismo tiempo hay fenómenos comunes, que forman una especie de telón de fondo del nuevo proceso. En la primera mitad del siglo XVII pueden advertirse en todo el continente los efectos de una crisis de la producción metalífera y —quizás derivada de la anterior— de las corrientes de comercialización internas y externas a las colonias. Hay cierta saturación de los mercados europeos, un recrudecimiento de las políticas monopólicas en favor de la metrópolis y, entre los signos más importantes, escasez de mano de obra, cuando a mediados del siglo la población americana llega a su nivel más bajo.

A principios del siglo XVII es ya casi legendaria la figura del conquistador-empresario. Se nota con más claridad un sector económico agrario, otro minero y otro de comerciantes. La encomienda ha dejado de ser, en todas partes, la principal proveedora de mano de obra y de artículos agrícolas y manufacturados de uso generalizado. Por exigencias de los mercados locales o externos, las distintas regiones del continente han especializado su producción a tal grado que muchas comunidades de indígenas, campesinos y manufactureros ya no pueden ser autosuficientes.

Es en este cuadro conflictivo donde el antiguo terrateniente se transforma en un “primitivo” latifundista. Se une a otros propietarios y desde entonces, en calidad de miembro de un grupo identificado con cierto tipo de producción y de intereses, debe actuar ante los cabildos, en la Mesta, ante los exportadores, los gobernantes y las audiencias. La lucha contra varios frentes adversos le da consistencia al grupo, le confiere solvencia y eficacia. Ataca y se defiende de las comunidades indígenas, presiona a la minería, al comercio y a la iglesia para conseguir créditos. Obtiene de los gobiernos virreinales y locales franquicias arancelarias, aquí y allá comienza a manejar el poder a nivel provincial.

Pero, muy especialmente, lo que consigue el latifundio antiguo ante el asedio de los monopolios, la falta de mano de obra y la escasez de capitales, es una primera racionalización de la empresa agrícola. Históricamente por lo menos, la racionalización de la economía agraria no significa necesariamente ni mejoramiento tecnológico, ni mayor producción. Los términos no son excluyentes, pero tampoco necesarios. La racionalización en esta etapa del latifundio significa simplemente una mayor eficacia en el uso de los recursos disponibles. Una hacienda mixta, por ejemplo, con un mediocre rendimiento y baja tecnología, que en otras palabras, no renueve convenientemente sus ganados, ni aprovecha bien los pastos, que no utilice eficientemente el regadío, ni la totalidad de las áreas cultivables, puede en realidad estar explotada con un alto grado de racionalización de la empresa agraria. Sería así, si teniendo como parámetros por un lado los insumos que necesita para esa baja productividad y por otra las erráticas demandas del mercado y los precios, obtuviera un rendimiento económico óptimo. En otras palabras, un rendimiento muy barato para un mercado muy deficiente. Una sobreproducción ociosa le resultaba al latifundio antiguo doblemente costosa.

La relación racionalización, tecnología y productividad se estrecha más en el período siguiente, que cronológicamente corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII y al XIX y que denominamos latifundio tradicional. Pero no se piense, de todos modos, que en este último período se ha logrado una relación plena y directa entre los tres aspectos antes mencionados^[5].

El marco social y económico del latifundio tradicional es bien diferente del anterior y esto, por lo menos en parte, le da algunas de sus características más notables. Surge este último junto a una importante expansión de los mercados internos y externos, acompañado de un crecimiento regularmente acelerado de la población rural. El acceso al crédito y a las corrientes de circulación monetaria es también mayor, llegando incluso a alternativas de “fomento” de la agricultura. Pero estas mismas bondades acarrean problemas nuevos. Entre ellos, el latifundio se ve ahora a menudo cercado por pequeños propietarios, por comunidades indígenas y mestizas, por una creciente población flotante, generalmente no muy amistosa. La presión demográfica de los desposeídos es también interna en la hacienda, la más estricta y minuciosa racionalización agrícola no se compadece con el crecimiento vegetativo de las propias familias que moran dentro de las grandes unidades productivas; el latifundio debe expulsar habitantes que se suman a la presión exterior.

La mayor amplitud de los mercados trae nuevos monopolios: compradores en verde, bodegueros, embarcadores y fleteros, importadores, etc. La iglesia, de ser una institución que proporciona préstamo, se convierte en verdaderamente usurera y, además, compite, amparada en regalías del período anterior, con la colocación de productos extraídos de sus propias haciendas. Las relaciones con la minería son también muchas veces conflictivas; el latifundio antiguo había experimentado un sordo forcejeo por la mano de obra con los mineros, pero ahora se prolonga por el uso de recursos naturales, por el control de nuevas poblaciones, por la circulación incluso, a través de las grandes propiedades.

Pero quizás la lucha más singular es la que se entabla entre el latifundio ya maduro y la burocracia estatal. El nuevo concepto de Estado del Despotismo Ilustrado, implementado a través de una serie de “reformas”, torna militarmente eficiente y unida a la burocracia estatal. Esta quiere ahora ejercer efectivamente el poder y, entre otras cosas, manejar el ámbito rural, como una alternativa más del potencial productivo y sumiso de un conjunto colonial. Haciendo más complicado el panorama para el latifundio tradicional, hay evidencias crecientes que pequeños grupos urbanos, que van surgiendo aquí y allá —y que con las salvedades del caso estamos tentados de llamar burguesía— tienden a juntarse con la burocracia estatal, incluso en pequeñas ciudades de provincias. La política agresiva desarrollada por los latifundistas contra estos grupos se planteó en un principio como una táctica simple de mediatización y destrucción de frentes opositores, que le molestaban en el control del ambiente rural. No tenían un proyecto político global, que pudiera conducirlos al manejo del gobierno nacional. Pero esta acción fue adquiriendo tal fuerza que, después de la Independencia, tanto en Chile como en América Latina, concibió y generalmente logró la captura del poder total.

El latifundio tradicional logra pues su plena madurez y consistencia despejando, neutralizando y dominando los obstáculos que se le oponían en el control de lo rural en todas sus formas. Los elementos más importantes de este grupo de latifundistas, empeñados en esta tarea --recién ahora— se perfilan como lo que será luego la aristocracia nacional que, según puede inferirse de los que decimos, resultaría una clase social mucho más “joven” de lo que tradicionalmente se cree. A esta altura de la evolución del latifundio la tierra tiene un significado totalmente distinto que dos siglos antes. Ahora puede producir y tiene valor por sí sola, ya es válido decir que la posesión de la tierra da poder y prestigio.

Antes de terminar con esta, más bien larga —pero creemos necesaria— introducción, queremos tratar de aclarar dos puntos importantes. Si aceptamos que el latifundio como cualquier otro fenómeno histórico ha sufrido múltiples cambios de evolución, desde sus orígenes hasta la actualidad —y no necesariamente éstos deben ser los que describimos anteriormente— no podemos usar más una definición de él en los términos a-históricos que se acostumbra comúnmente. No somos partidarios de las definiciones y lo que diremos a continuación sólo pretende reunir los elementos importantes que se notan en su evolución. Históricamente el latifundio es una propiedad unipersonal, relativamente extensa, que constituye una unidad económica y social con algún grado de racionalización de la producción y que tiende a ser excluyente respecto a la distribución productiva y al uso de los recursos agrarios. Está bajo constantes presiones de carácter demográfico y político y muestra agresividad ante los frentes adversos.

Decimos que es unipersonal oponiendo este término a usufructo comunitario, aunque muchas veces, por sucesión testamentaria, su manejo esté entregado a una comunidad hereditaria. Lo de relativamente extenso, se explica pensando que en algunas regiones de América Latina, el ejercicio de acaparamiento y monopolio de la tierra puede expresarse en la posesión de extensiones territoriales pequeñas si se comparan con otras regiones del Continente. Lo que da categoría de latifundio en estos casos es la existencia paralela —en la misma región— de familias y de la tenencia monopólica de los accesorios de producción.

Finalmente —y esto también ya se ha dicho— históricamente en una región, reino o país, lo normal es que el paso de un tipo de latifundio a otro no se realice uniforme y contemporáneamente. Resulta así que una de las características más notables del latifundio tradicional, por ejemplo, es su capacidad de desarrollarse junto —y a veces a costa de— otros latifundios antiguos y de áreas de fronteras agrarias que sobreviven en la misma región. Es normal y frecuente que en Latinoamérica del siglo XIX encontremos países, o secciones de países, donde por largo tiempo coexisten los cuatro tipos de propiedades ya mencionadas, unidas generalmente por relaciones de dependencia interna^[6]. En estos casos el grupo de latifundistas, como clase social, mostraría también una especie de estratificación interna, que se expresa no tan sólo en sus relaciones económicas, sino también en su comportamiento social y político.

El esquema de la evolución del latifundio esbozado en líneas anteriores es válido para toda América Latina, con excepciones respecto a su cronología y a algunos tipos de cultivos que, por estar más conectados a mercados exteriores que internos, tienden a seguir caminos independientes. Las empresas agrícolas dedicadas especialmente a la producción de azúcar, tabaco, cacao, algodón y café, son a menudo, pero no siempre, excepciones al esquema descrito. En Chile esas etapas se cumplen bien, aunque muchas veces los procesos que precipitan la transformación del agro —y por lo tanto la posición económica y social de quienes lo dominan— suelen ser diferentes a las de otras regiones del continente.

La ausencia en Chile de extensas comunidades agro-manufactureras a la llegada de los conquistadores, así como la inestabilidad que durante el siglo XVI provocó la prolongada guerra de Arauco en materia de usufructo de la tierra y la mano de obra, podían haber producido un retardo en la liquidación de la etapa de la Frontera Agraria. No fue así sin embargo. La gran sublevación indígena de 1598, la destrucción de las ciudades del sur y la pérdida de los lavaderos de oro de esa región, precipitaron el advenimiento del Latifundio Antiguo en forma más rápida de lo que pudiera haberse esperado. El asentamiento español y foco productivo, que había sido fuerte en el área comprendida entre Concepción, Valdivia, Osorno e Imperial, se desplazó inmediatamente desde Chillán al norte, comprometiendo rápidamente la ocupación de las mejores tierras agrícolas extendidas entre esa ciudad y Santiago (7). En efecto, el otorgamiento de mercedes de tierras —y también un mercado de ellas- se va abriendo para esa región geográfica de proporciones muy modestas a principios de siglo XVII, hasta una demanda verdaderamente importante en la segunda mitad del siglo XVIII. De más está decir que el llamado “Valle Central” se convirtió en el ámbito tradicional del latifundio y de la producción agrícola del reino.

El medio en que se desarrolló la primera economía agrícola del reino fue verdaderamente difícil. Aunque la tierra era fácil de conseguir gratuitamente, no había capitales, mercados, implementos ni mano de obra. La sublevación de 1598,   y   posteriormente el establecimiento de una línea fronteriza permanente a lo largo del río Biobío, restaron para los españoles un poco más de la fuerza de trabajo indígena: de unos 550.000 indios aproximadamente a 230.000^[8]. La crisis económica fue muy aguda después del terremoto de Santiago de 1647, cuando fuera de la destrucción material se dejaron de otorgar censos y préstamos a interés, debido a la suspensión del servicio de las deudas y a la falta de bienes urbanos muebles para garantías hipotecarias. Esta crisis del medio siglo se encadenó con otras que, en diferentes años y regiones, se fueron presentando en el Cono Sur del Virreinato Peruano: Tucumán, Córdoba, Potosí, Cuyo, Lima, etc.^[9].

Pese a todo, la gran hacienda del Valle Central y del Norte Chico fue tomando contornos permanentes, teniendo como mercados la proveeduría del ejército y una exportación lentamente creciente de carnes ahumadas, cueros, cordobanes, sebo, jarcia, cereales, frutas secas y vinos al Perú y Alto Perú. Fuera del ejército, el mercado interno era aún casi nulo^[10]. Difícil hubiera sido el surgimiento de una primera economía agraria que no fuese ganadera. Fuera de las razones antes dichas, se vivió aún en el Valle Central del siglo XVII un clima bélico constante. La sublevación del año 1655 llegó a afectar hasta territorios que se encontraban al norte del río Maule. Por otra parte, la mano de obra que se podía conseguir en el sur, por razones culturales, no era apropiada ni tenía inclinaciones para las labores de cultivo, pero sí estos indios eran buenos peones montados y vaqueros. Algunos hacendados que tenían encomiendas de indios en los alrededores de Santiago, los trasladaron como cultivadores y productores artesanales, a los extensos territorios vacíos de más al sur^[11].

El latifundio antiguo se vio, de este modo, ante la primera gran tarea que le dio unidad y una cierta uniformidad en sus relaciones de producción; ésta fue, conseguir mano de obra permanente. No existió un plan concertado por los latifundistas en esta tarea, pero sus maneras de actuar y sus reacciones fueron siempre las mismas. Las soluciones que practicaron fueron especialmente tres: 1) Los hacendados que tenían encomiendas o acceso a este tipo de indios por arriendo, contrato, etc., los trasladaron desde sus pueblos o tierras al interior o a lugares cercanos a sus propias tierras; 2) Se fomentó y desarrolló la trata de indios esclavos obtenidos de la guerra de Arauco, y se les mantuvo en las haciendas con diferentes status, pero que, por lo menos jurídicamente, establecía la condición de esclavo permanente o temporal; 3) Fueron recogiendo a la población libre, constituida por españoles pobres, mestizos blancos y negros; mulatos y negros libres, indios libres, etc. y los ubicaron dentro de sus haciendas reteniéndolos con diversos tipos de participación o usufructo y distintas modalidades salariales. El segundo y tercer tipo de trabajadores agrícolas, pero especialmente el último formó la primera generación de “inquilinos”, sobre los que Mario Góngora nos ha entregado un buen estudio ^[12].

En el plan de trasladar los indios de encomienda a tierras privadas, los hacendados chilenos tuvieron a su favor algunas circunstancias. En primer lugar no existían en Chile comunidades agrarias indígenas, corno las peruanas, que pudieran ofrecer alguna resistencia en defensa de sus tierras y pueblos. Las pocas que hubo desde el río Maule al norte y que se habían formado por influencia incaica, desaparecieron en los primeros decenios de la conquista. Los gobernantes no tuvieron pues la ayuda de los mismos indios en la aplicación de una posible legislación protectora al respecto, como ocurrió en cierto grado en Perú y en mucho mayor en México.

La segunda circunstancia tiene alguna relación con la anterior. Chile fue considerado por el Virrey del Perú y por el Consejo de Indias, como una colonia de “Frontera”, no sólo de los araucanos sino también de otras potencias europeas. Una provincia donde la urgencia bélica justificaba la permanencia española a costa de cualquier tipo de relaciones con los indios o de modalidad del asentamiento. Por tal motivo fue aceptado el incumplimiento de políticas de orden general impartidas para todas las posesiones coloniales. La Real Audiencia y los gobernadores se dejaban convencer fácilmente por los latifundistas en estas materias y, por lo menos durante el siglo XVII, parecen tener los mismos intereses que ellos. No nos puede extrañar pues que la Real Audiencia de Santiago en 1697, contraviniendo a todas las repetidas disposiciones y leyes vigentes, por medio de un “auto acordado” autorice a un encomendero a trasladar a los indios de un pueblo a su propia hacienda, Tampoco nos parece raro que el año 1707 el gobernador Francisco Ibáñez de Peralta, en una carta al Rey, se niegue a cumplir la última orden de reducir a los indios a pueblos, agregando con cierta sorna, “no es lo mismo discurrir lo que dicta la razón según los estilos y costumbres de Europa, que proporcionarse a el modo con que se ha establecido la dominación y sujeción de este Reino... si se intenta la reducción a los pueblos... no quedará ninguno... porque faltando quienes les cultive los campos de necesidad será preciso que despoblacen el reino”^[13].

Por largos decenios la avidez del latifundio por mano de obra parecía insaciable. De más de cien pueblos de indios, de cuya existencia sabemos para los años de la conquista, quedaban a fines del siglo XVIII alrededor de una docena. En todos ellos vivían más mestizos blancos y otras castas que indios propiamente tales^[14]. Se puede tener una idea de la magnitud del problema recordando que, para el año 1700, de la población indígena que moraba en las haciendas del Partido de Itata el 31,4% eran inmigrantes, y en el partido de Colchagua lo era el 60,9%^[15].

La esclavitud negra no pudo ser una solución a la falta de fuerza de trabajo de la economía agraria surgente en Chile, fundamentalmente por su alto costo y porque no convenía a la política económica de la Corona^[16]. Pero existiendo una “Frontera” de guerra permanente, la esclavitud de los indios rebelados no fue un problema, desde antes de la gran sublevación de 1598, con permiso Real o sin él. Una pequeña parte de estos esclavos se exportó a Lima, donde por 1613 vivían 82 de ellos^[17]. Pero la gran mayoría fue ubicada en las haciendas extendidas de Chillán al Norte. Por el año 1700, de la fuerza de trabajo indígena en el interior de las haciendas, en el partido de Itata, el 33% eran esclavos y a ellos habría que agregar un 7,9% más que figuraba en el status no muy claro de “indios de servicio”. En el de Colchagua los esclavos indios representaban un 8,1% del total de trabajadores agrícolas y las formas de semiesclavitud era de un 7,9%^[18].

Aunque todas estas categorías de indios labradores recibían, en general, buen trato, junto con algún tipo de participación en las fuentes productivas, como tierras en pequeños lotes, ganado menor, semillas, etc., constituían el estrato más bajo del conjunto humano de la hacienda. Eran también los trabajadores más fáciles de dominar y manejar, ya fuera por medios pacíficos o coercitivos. Un estrato superior a ellos constituían los mestizos y españoles pobres, fijados dentro del latifundio con acuerdo de medierías o inquilinaje. Resulta claro que los primeros predominaban en las haciendas de baja tecnología agrícola y poca racionalización productiva, que tendían más bien a continuar con una base económica ganadera. También, por su bajo costo de mantención y alimentación, eran apetecibles a la minería de cobre y plata del Valle Central y del Norte Chico. El inquilinaje, en cambio, junto con artesanos de especialidad agrícola, eran más requeridos por el latifundio tradicional. No resulta casual que algunos hacendados hagan al gobierno peticiones de indios en calidad de “depósito” —una de las categorías de semiesclavitud— en fechas tan tardías como 1740^[19]. O que algunos mineros ---e incluso oficiales reales— entre 1773 y 1783 escriban al ministro José de Gálvez, para insistir en el viejo proyecto de trasladar parte de la población indígena de Chiloé para hacerla trabajar “por mitas” en la minería del centro y norte del Reino^[20].

Podríamos decir sin exagerar, que el latifundio antiguo absorbió a toda la población rural —puertas adentro— en el espacio de un siglo, dando al Reino un particular paisaje humano. Todos los testimonios de la época están de acuerdo en que hasta entrado el siglo XVIII, el país era, con la excepción de unas pocas ciudades, un yermo extendido desde el desierto del norte a la frontera. Cada curato estaba formado por 5 ó 6 grandes haciendas y   se podía cabalgar 20 ó 30 leguas, más de un día de jornada, sin encontrar más que una aldehuela de 8 ó 12 casas, que eran los habitantes de una hacienda. De vez en cuando, al pie de la Cordillera algún trapiche con 10 indios trabajando, alguna casa señorial, con bodegas y corrales; en la costa cada grandes trechos, pequeñas comunidades de pescadores con 6 u 8 familias^[21].

Fue este el primer triunfo completo del latifundismo. El dominio no se ejerció solamente en un sentido demográfico y económico general, sino también se extendió al aspecto de la distribución espacial, de la estructura social y   de la psicología y valores del campesino. Las familias que vivían dentro de la hacienda se ubicaron de acuerdo a las necesidades de las labores del campo. Una pequeña parte de ellas quedaron en las casas e instalaciones patronales, que en los casos importantes solían incluir curtiembre y   molinos; y el resto se repartió en los lugares estratégicos de la propiedad, muy a menudo extendida en espacios de 12 a 15 cuadras cuadradas. Se ubicaron familias en los límites de la hacienda, en las aguadas y pastadas, en las cañadas internas de trashumancia, junto a los plantíos o “pampas” de cultivos cerealeros. Salvo pues los trapiches mineros, la población campesina no formó por estos años verdaderos pueblos en la hacienda.

El hacendado quitó y puso personas a cada familia, hizo y   deshizo matrimonios, protegió, expulsó, vendió o “conchavó” peones en sus tierras. Pero en cierto sentido se sintió mucho más comprometido en la defensa de sus peones que lo que antes los encomenderos entendieron por “protección” de los indios de sus encomiendas^[22].

A principios del siglo XVIII, en materia de matrimonios, imperó la política de no dejar mujeres solteras o viudas sin casarlas o “juntarlas” en simple convivencia. Por ello, dentro de un altísimo promedio de ilegitimidad en los nacimientos, hay relativamente pocas viudas y solteras. Por el mismo motivo las edades de los “matrimonios” son sumamente dispares y distintas a lo que teóricamente debieran haber sido, siendo corrientes los matrimonios de hombres de entre 15 y 18 años de edad con mujeres de 30 a 50 años^[23]. Respecto a los sexos, es claro que esta retención de población dentro de la hacienda se ejercía más a través de las mujeres que de los hombres, como durante todo el siglo XVII había sido más fácil conseguir mujeres que hombres por compra, rapto, “conchavos”, depósito de huérfanos, etc. La mujer casada era el foco de retención. Se le daba el usufructo de pequeñas parcelas, algunos animales, etc., de modo que si enviudaba o era abandonada quedaba viviendo —ella y su prole— en el predio y se le conseguía o imponía otro “marido”. Este mecanismo —contrariamente a lo que se supone hasta la fecha— da un fuerte sabor a matriarcado a la familia rural de la época.

Debido a las epidemias que frecuentemente azotaron los campos chilenos a lo largo del siglo XVIII, la orfandad fue un fenómeno corriente y de grandes proporciones, que aumentaba después de cada “peste”. Se acostumbró que los corregidores y sus tenientes —que eran latifundistas-- y   también los curas párrocos, dominados por los latifundistas, recogieran a los huérfanos y los repartiesen en custodia entre los hacendados de la región. Lo mismo ocurría con las mujeres cuya manera de vida provocaba escándalo y   mal ejemplo. Fue tanta la costumbre, la avidez de los hacendados por controlar a la población, que la retención de huérfanos se convirtió en un importante motivo de lucha y litigios entre ellos^[24].

Todo anduvo sin problemas para el latifundio antiguo en relación al control de la población rural hasta los primeros decenios del siglo XVIII, en que comenzaron a producirse fenómenos nuevos o a variar la intensidad de otros ya conocidos por los terratenientes. Los más importantes fueron: 1) el aumento de la población; 2) la apertura constante del mercado triguero peruano; 3) la mayor importancia de una economía minera en la zona central y norte Chico, y 4) los cambios en la infraestructura de producción y circulación que los fenómenos anteriores significaban.

La política demográfica mantenida por el latifundio antiguo, tenía como constante de fondo la abundancia de la producción agrícola e incluso el desperdicio de ella por falta de comercialización. La población creció moderada pero constantemente desde mediados del siglo XVII, pero el latifundio, con márgenes muy reducidos de utilidad y con racionalización creciente de la empresa, no pudo amparar y absorber permanentemente los saldos demográficos cada año más abultados. Empezó entonces a expulsar sobrantes de población, que sólo parcialmente llegaron a ser empleados por las minas y que comenzaron a dirigirse a las ciudades, a agobiar los pocos poblados de indios, a constituirse “espontáneamente” en comunidades de pescadores y rancheríos que presionaban sobre los contornos y entradas de las haciendas.

La nueva inclinación triguera del latifundio fue produciendo profundos cambios en el ambiente rural. Ahora, más que pastores y cuidadores, los productores requerían mano de obra estacional, que estuviera a la mano en alguna parte, pero no necesariamente viviendo dentro de la hacienda. La construcción de nuevos caminos, más facilidad de regadío, la mantención de la arriería que creció enormemente, la fabricación de arneses, arados y elementos de roturas del suelo, contenedores de grano, etc., pudieron absorber nueva mano de obra. Pero la tendencia era que la hacienda pudiera alcanzar un cierto tipo de “servicio”, que la abasteciera de todo ello y no tener que costearlo cada una como unidad productiva aislada. La minería tampoco estaba en condiciones de crear por sí sola una infraestructura de servicios y transportes. Junto a todo ello, y en parte por los mismos efectos de las nuevas modalidades de producción y por el crecimiento demográfico, se formó y creció rápidamente el vagabundaje y el bandolerismo^[25].

La única solución al problema fue compartida por los gobernantes, la iglesia y los empresarios privados y no fue otra que la fundación de ciudades y villas, que absorbieran a esa población flotante y proveyera de una base urbana de apoyo a los nuevos servicios que el agro y   la minería requerían. Para el gobierno y la iglesia la solución no era nueva, ya que desde el comienzo de la expansión se había empleado “lo urbano” como un complejo de dominio y organización de la nueva sociedad. Para los latifundistas, en cambio, si lo fue pues significaba un cambio drástico en el proceso del control de la población rural. No podríamos decir por ello que hubo un apoyo unánime de parte de los hacendados a la Real Cédula de 1703, cuyo primer resultado fue la fundación de la Villa de Quillota en 1717, y a la creación y actividad de la Junta de Poblaciones. Pero sí podríamos decir que la mayoría de ellos ayudaron en el proceso de fundaciones como una salida a los nuevos problemas. San Felipe, entre otras villas, se fundó el año 1740 con la aprobación y ayuda de 34 hacendados de la región, San Javier de Loncomilla en 1755 por 43 hacendados de la zona, La Villa de Parral en 1788 por 18 de ellos, en fin, Linares en 1795 por 86.

Si la fundación de villas solucionaba parte de los nuevos problemas del latifundio, la proliferación indiscriminada de ellas resultaba un peligro inmediato. Como el proceso de fundación de villas, demasiado rápido, se les escapaba de las manos, los hacendados terminaron por oponerse a ello encarnizadamente. El Cabildo de Santiago, donde el grupo dominaba, escribió una carta al Rey en 1755, que es muy ilustrativa. Acusa en ella al gobernador Domingo Ortiz de Rozas, Conde de Poblaciones, de impulsar la creación de ciudades nada más que por recibir honores, “... y así insiste a los labradores, les supone bienes que no tienen y aún les mejora naturaleza, haciéndolos de mestizos y mulatos españoles...”. Hablando de otros gobernadores dicen que pueblos como Los Ángeles, y   Tutubén se crearon con métodos francamente compulsivos. Luego atacan a los mineros diciendo que a rancheríos como La Ligua, Longotoma, Illapel, Choapa, etc., les han conseguido categorías de Villas sólo porque convienen a sus labores, agregando que, de este modo, se acabarán los campesinos e inquilinos^[26]. Una clara prueba de que la creación indiscriminada de villas no gustaba a los latifundistas es que, incluso habiendo ayudado a veces a su creación, unos pocos nunca edificaron casa en ellas, otros, teniéndola, nunca vivían más de uno o dos meses seguidos allí, de modo que como se decía en la época éstas parecían “despobladas”^[27].

Al promediar el siglo XVIII el latifundio tradicional, casi recién nacido, había acumulado tal cantidad de problemas que debió adoptar una serie de políticas bien definidas y constantes para sobrevivir. La lucha contra estos frentes adversos le dio una consistencia definitiva, le permitió crecer y no solamente reconquistar aquellos componentes del poder que estaba perdiendo sino adquirir casi todos los otros, que aún no había alcanzado.

En esta larga lucha por el control total nunca tuvo el latifundio tradicional un grupo o poder regional que le opusiera un verdadero frente contrario. Por una parte la sociedad nacional había llegado a un grado suficientemente complejo como para que se produjeran múltiples interrelaciones de grupos e intereses, donde el latifundio no podía estar ausente. Por otra parte, los hacendados habían adquirido ya suficiente poder como para que ningún otro grupo o élite pudiera hacer nada sin consultar sus intereses. Todas las relaciones conflictivas que ahora examinaremos, están pues montadas sobre este tipo de circunstancias que relativizan, y a veces minimizan, las confrontaciones de luchas por el control del poder.

Las relaciones entre latifundistas y la iglesia son un buen ejemplo de lo que venimos diciendo. Estas se daban en realidad en dos niveles: uno de carácter global, que adoptaban los Obispos y otras dignidades eclesiásticas y que se referían a cuestiones religiosas y sociales y también a asuntos económicos en que la iglesia pudiera tener incumbencia. El otro era a nivel local y provincial y su efectividad dependía del mayor o menor celo que pusieran los doctrineros y curas párrocos en el cumplimiento de las órdenes que emanaban de sus superiores. Nunca pudieron los grandes propietarios oponerse abiertamente a los designios emanados de los Obispos, Santo Oficio, Concilios y Superiores de distintas Ordenes, pero sí supieron como mediatizar y contrarrestar lo que les pudiera resultar nocivo de estas políticas a nivel de parroquias o conventos provinciales.

Al nivel provincial existió, a menudo, una comunión de intereses económicos entre una iglesia, que era tan latifundista como los hacendados y que se unía a ellos en sus problemas de mano de obra, de regadío, de fletes, etc. En efecto, muchos de los curas de un distrito parroquial fueron hacendados^[28]. A fines del siglo XVIII y en el siguiente, por otra parte, se acentúa la costumbre de las grandes haciendas de tener oratorios y sacerdotes en la misma hacienda, de modo que la familia, la clientela del latifundista y el sacerdote, aparecen a menudo como un solo núcleo. El viajero Schmidtmeyer, por el año 1820, nos cuenta que cuando fue invitado a una casa señorial de un hacendado del norte chico, se encontró ante una inmensa mesa, donde además de la interminable familia del hacendado, devoraban guisos tras guisos, “un sacerdote, un mayordomo, un tendero y otros...”^[29].

La mayoría de los problemas entre latifundistas y sacerdotes derivaban de conflictos y odiosidades personales —a menudo por los mismos intereses-- en lugar de venir de sistemas o ideologías distintas. En 1769, un típico caudillo agrario regional, hacendado y   comandante del Fuerte y   Villa de Santa Bárbara, se ve acusado de comercio ilícito con los indios de guerra, de amancebamiento, abuso de poder, etc. El problema era que se había peleado con otro poderoso hacendado de la región, que resultó ser “allegado” al Obispo de Concepción. El Obispo ordenó al sacerdote del lugar iniciar el proceso por amancebamiento escandaloso, pero el cura del lugar formaba parte del séquito del comandante, de modo que fue imposible dirimir el problema y hubo de intervenir la Real Audiencia de Santiago^[30].

Desde el punto de vista económico y de una manera general, la iglesia dependía del latifundio por el pago del diezmo, las donaciones, las dotaciones de misas, las dotes y las capellanías. A su vez, los propietarios de la tierra tenían a las órdenes religiosas y a los Cabildos Eclesiásticos como uno de los pocos recursos de créditos, especialmente si recordamos que las Cajas de Comunidades de Indios prácticamente no existían en Chile desde mediados del siglo XVII. El primer enfrentamiento entre latifundio e iglesia sobre este punto se produjo en 1647,   a propósito del descalabro económico acarreado por el terremoto que destruyó a Santiago en el mismo año. Los hacendados no pudieron pagar los créditos de los censos eclesiásticos y la iglesia no pudo tomar la revancha del remate de las propiedades, que habían sido puestas como fianzas de los préstamos, porque las casas estaban destruidas y las tierras no tenían comprador. Finalmente los cosecheros consiguieron arreglos individuales con la institución de crédito, pero no hubo un acuerdo total^[31].

Un nuevo y más grave caso se presentó en 1790. La expansión agraria del siglo XVIII se financió en gran medida con dineros eclesiásticos, pero las órdenes religiosas fueron subiendo los intereses de los préstamos de un 4   a un 5 y aun al 6% anual. Cuando caían los precios por la abundancia de trigo y cordobanes, la especulación de los importadores limeños o la escasez por años de sequías, los cosecheros discutían el interés usurario de los préstamos. El escándalo mayor se produjo cuando los hacendados consiguieron, en 1790, que el Gobierno interviniera en el intento de disminuir los servicios de las deudas desde un 5 a un 3% anual. Nada se consiguió finalmente, pero a lo largo de los autos del proceso quedó claro que en ese momento no había prácticamente ningún hacendado del Obispado de Santiago que no estuviese endeudado con la iglesia^[32].

No fueron menos complejos los problemas y querellas suscitadas entre grupos de latifundistas y la economía minera. Dejando por el momento de lado el problema de la mano de obra, que se tiende a solucionar sólo a fines del siglo XVIII, a través de una relativa abundancia de población, hay otros temas de interés: es el de los recursos y   el del control de las villas mineras. El conflicto por el uso de recursos naturales surge desde un principio, cuando se comienzan a descubrir y a trabajar minas de plata y oro, de cobre y plomo en el Norte Chico y en valles y faldeos cordilleranos de la Zona Central. Por lo general estas minas estaban ubicadas dentro de haciendas ya ocupadas por productores agrícolas y, en un principio por lo menos, no fueron explotadas por los mismos hacendados propietarios. En muchos casos hubo acuerdos simbióticos que favorecieron a ambas partes. El hacendado arrendó lotes de tierra anexas a las minas, vendió alimentos y otros implementos, permitió la circulación de tropillas de carga y de trabajadores, a veces también cobrando por ello. Por lo general todo esto se estipuló en compromisos firmados ante notarios^[33].

En otras ocasiones no hubo acuerdo entre estos dos sectores productivos y se encendieron luchas que no solamente pararon en problemas judiciales, sino también en enfrentamientos entre bandos armados y con la intervención del gobernador y las milicias del lugar, que generalmente lo hicieron tomando la causa y bando de los hacendados. Resultó dramático a veces, y especialmente en el Norte Chico, la disputa por el agua y por el uso de leña que los mineros necesitaban para las fundiciones^[34].

Cuando algunos asientos mineros crecieron lo suficiente, se instalaron en ellos comerciantes, maestros y arrieros, se construyeron capillas y se formó un verdadero pueblo. Entonces muchos mineros, invocando leyes contenidas en la Recopilación de Leyes de Indias, pidieron se declarara el lugar Real de Minas y que se confiscasen las tierras de las haciendas afectadas, algunas de las cuales habían llegado a arrendar los emplazamientos de los poblados a un peso anual la cuadra. Los latifundistas, muy a menudo con la ayuda de los religiosos del lugar, de corregidores y tenientes de justicia y de los arrendadores de los impuestos de alcabalas y pulperías, contraatacaban diciendo que en estas villas se burlaban todas las leyes y ordenanzas, que sólo servían como centro de expendio de vinos y alcoholes, que no pagaban derechos, que robaban y esquilmaban a inquilinos y peones, que los mineros destruían ganados y cosechas, etc. Solicitaban, generalmente, el traslado de los villorrios mineros a lugares desde donde pudieran ser controlados por la justicia. Pidieron y consiguieron, finalmente, una serie de Ordenanzas que limitaban notablemente la movilidad de los mineros y entregaban a los hacendados el control del comercio local. Se hizo costumbre incluso nombrar para esos lugares a Alcaldes de Minas que eran importantes latifundistas del lugar, a los cuales se les dieron poderes verdaderamente excepcionales, “y en el caso de alguna resistencia mandará apercibir a gentes de armas y llamar a sus capitanes que le den auxilio suficiente, y de esta suerte mandará cumplir con fuerza lo que tengo mandado...”^[35].

En las dos regiones geográficas diferentes que abarcan nuestro estudio, los problemas y conflictos surgidos entre mineros y hacendados tendieron a solucionarse finalmente en forma distinta. Desde Santiago al sur, en partidos como Maule y Colchagua, el latifundio tradicional, en mayoría y con el dominio previo de otros sectores de la realidad provincial, terminó por sojuzgar totalmente, y en la forma antes descrita, al sector minero. Desde Santiago al norte, en cambio, en el Norte Chico, hubo un entendimiento final a través de empresas mixtas. Los hacendados de aquella zona se rindieron cada vez más a la tentación de participar en las empresas mineras. Siguiendo las actividades productivas y comerciales de los 16 hacendados más importantes de la región de San Felipe, en el año 1780, 10 de ellos se dedicaban también a la minería y 14 de ellos también al comercio^[36].

Neutralizar las pretensiones de los mineros y mantener bajo control las villas mineras fue sólo una parte de la tarea del latifundio tradicional en el afán de recapturar totalmente el poder en los ámbitos rurales. Como habían sido fundadores de las nuevas ciudades, aunque no necesariamente sus pobladores, tomaron desde un comienzo el control del Cabildo de cada una de ellas y lo mantuvieron férreamente en sus manos hasta el siglo XIX. De este modo pudieron manejar parte de la justicia, el abasto de la ciudad, su comercio y, en buenas cuentas, toda la infraestructura urbana. De nada sirvieron las querellas y cautelosas revueltas de pequeños burgueses, comerciantes detallistas y funcionarios, que pretendieron en diferentes épocas, participar del gobierno urbano local. En 1812 se trató de anular una elección fraudulenta de un primer vocal del Cabildo de Chillán, que había estado tradicionalmente en manos de un poderoso terrateniente del lugar. Este usó la fuerza del Regimiento de los Húsares de Borbón, de Concepción, para triunfar en sus propósitos. Por los autos que se hicieron después del escándalo se supo que el Cabildo se componía de un alcalde que era el mismo hacendado, un segundo alcalde que era su hermanastro, un regidor que era su ahijado, otro regidor que era su primo, otro resultó ser un sirviente pobre del latifundista, a quien éste le prestaba la ropa que usaba en los días de sesión; el único vocal que existía nominado era finalmente su amigo y allegado^[37].

En materia de comercio las relaciones entre latifundistas y mercados internos y externos se daban, como en el caso de la iglesia, en dos planos muy diferentes. Uno en el comercio mayorista y de menudeo en los ambientes provinciales. Otro, en el mayorista de exportación, que se conectaba con el gobierno del Reino y el virreinal, dependiendo de los Consulados y, en último término, sujeto a los grandes monopolios y capitales, que operaban fuera del alcance inmediato de los hacendados.

Es de imaginarse que el primero, cuando se ejercía fuera de las áreas urbanas importantes, llegó a ser totalmente controlado por el latifundio. No pudo ser de otro modo. La “Ordenanza de pobladores”, que había redactado la Junta de Poblaciones el año 1745, estipulaba la libertad y algunas franquicias de que podían gozar los comerciantes que se instalaran en las nuevas ciudades. Estas fueron aprovechadas de inmediato por los hacendados del lugar, que también eran “primeros pobladores” y que, además, tenían especies que vender y créditos de los mercaderes que desde las grandes ciudades se dedicaban a importar^[38]. La mayoría de los pequeños comerciantes que se establecieron en las villas terminaron por abastecerse en las haciendas que las rodeaban, y los hacendados, incluso los que no vivían en los pueblos, acostumbraron a instalar tiendas, mediante “factores” que los representaban. La situación llegó, en ocasiones, a tal abuso que los habitantes de las villas tuvieron que salir a las haciendas de las inmediaciones para proveerse de alimentos, telas, azúcar, herramientas, etc. ^[39].

Pocas veces los aldeanos pudieron juntarse y formular quejas al gobierno central sobre los abusos de los latifundistas en materia de comercio, pero ocurrió de vez en cuando. Por ejemplo, lo hicieron en 1789 los pobladores de San Fernando, a través de un procurador, cuyas gestiones motivaron la visita de un Fiscal de la Real Audiencia de Santiago, que tomó declaraciones en el Cabildo a los habitantes de la ciudad. Se desprende de estas declaraciones que los Corregidores y el Cabildo eran culpables de mantener a San Fernando y otros pueblos de la zona en un estado calamitoso y a la vez monopólico del comercio, al ser ejecutantes de los intereses de los terratenientes de Colchagua y de sus delegados comerciales. El monopolio era absoluto, incluso los cobradores del diezmo no encontraban arrieros para trasladar las mercaderías de sus cobranzas a Santiago o Valparaíso, sin la anuencia de los cosecheros ^[40].

En materia de exportaciones agrícolas chilenas, fundamentalmente de trigo, la acción del latifundismo fue más completa y de menos éxito, como que en realidad era este un problema ligado íntimamente con lazos más generales de dependencia política y económica. Al estudiar el tema queda claro, por otra parte, que el latifundismo chileno en raras ocasiones actuó como un grupo unido y uniforme ante los abusos de situaciones monopólicas, bloqueos, fijaciones arbitrarias de precios, etc., que fueron comunes en este comercio. Aunque sí lo hizo en contra de bodegueros y embarcadores que operaban en el Reino. La razón de estos desuniformes movimientos del grupo latifundista chileno, es que mostraba grandes diferencias internas, provenientes de relaciones de dependencia. Relaciones que se materializan en la existencia de hacendados más importantes que otros, más poderosos económicamente y más cercanos a las corrientes exportadoras. Ellos mantenían al resto en un segundo plano, y a otros incluso en un tercer lugar, lo que a menudo impedía una comunidad de intereses que los hiciera presentar frentes unidos y eficientes ante los grandes problemas de la comercialización de exportación.

Visto el asunto desde otro ángulo, podríamos decir que en cada región productora había uno o dos propietarios que compraban y comercializaban la parte más valiosa de la producción local. Otorgaban facilidades y créditos para mantener la sujeción de los más modestos, en una línea descendente de poder que terminaba en los minifundistas de la localidad. A viajeros y observadores del agro chileno de principios del siglo XIX, como Charles Darwin o Peter Schmidtmeyer, les llamó la atención la gran cantidad de   pequeños propietarios que se dedicaban a vender el trigo en verde en muchas regiones del país, de tal modo que este producto solía ser más caro donde se producía que en Valparaíso, donde se almacenaba y embarcaba^[41].

Hubo entonces uniformidad de criterios para dominar el comercio interno pero no en relación a las exportaciones. De vez en cuando, sin embargo, surgió entre los cosecheros unanimidad de criterios como para forzar al gobierno colonial a tomar medidas que favorecían las exportaciones. Así sucedió cuando en 1772   fue aceptado por la Corona un proyecto que se originó en el Tribunal de Cuentas de Santiago. Este pretendía dejar la costumbre de arrendar el cobro de alcabalas y almojarifazgo del trigo y harinas, en sumas convencionales, y   efectuar su cobranza en los lugares de producción por burócratas nombrados especialmente para el efecto. Cuando comenzaron a llegar a los Partidos formularios impresos con los tarifados de la cobranza del impuesto se levantaron tales protestas, que el Cabildo de Santiago debió recoger los reclamos de todo el Reino y efectuar un Cabildo Abierto, al que asistieron representantes de todos los grupos de poder, incluyendo la iglesia. Se nombraron cuatro diputados que negociaron con el gobernador la suspensión total de la medida y la renuncia del Contador Mayor del Tribunal. Con esto volvió la calma y cesaron de circular grupos de hacendados e inquilinos armados por las calles de las ciudades, desapareciendo también momentáneamente los panfletos y poemas injuriosos para el Gobierno, que sobre el tema circulaban en Santiago^[42]. El año 1781, los latifundistas alcanzaron otro triunfo, cuando obtuvieron del gobierno el derecho de nombrar diputados e inspectores, para vigilar el volumen y la calidad de los trigos almacenados en las bodegas de Valparaíso, para evitar la baja de precios que pretendían los embarcadores por el deterioro de la calidad de éstos por los largos almacenajes^[43].

Como puede verse la consistencia y efectividad de las acciones de los grupos de latifundistas fueron creciendo en la medida que se llega al fin del siglo XVIII. Es esto especialmente cierto cuando se trata de la burocracia estatal. Al fin y al cabo, por esos años, el Gobierno Central y parte de la burocracia provincial era lo único que no estaba totalmente en sus manos. Para los dos últimos decenios del siglo hay síntomas claros que indicarían que el latifundismo estaba preparado ya para dominar también los sectores urbanos importantes, como ya lo hacía con las villas.

Entre los frentes adversos al latifundio hay que mencionar aún otros. A lo largo del siglo XVIII se puede encontrar, a nivel provincial, grupos de pobladores que viven en las villas a los que con precauciones y dudas podríamos llamar burgueses. No poseen tierras y tienen frecuentemente actitudes agresivas contra los terratenientes y sus representantes. Es un grupo irreverente e importuno, molesta y hace mofa de todo lo tradicional, pero especialmente de los hacendados de apellidos de alcurnia, del clero y de las justicias cuando no son de la burocracia estatal. Los Cabildos, por su parte, la iglesia y la justicia los persigue enconadamente a través de juicios, que genéricamente se denominaron “por vagos y mal entretenidos”. En realidad en este rubro de acusaciones judiciales caen también vagabundos, rateros, borrachos y delincuentes, la picaresca rural de la época, pero también —y son estos los que nos interesan— maestros, pequeños comerciantes, notarios, encargados de estancos y cobradores de impuestos, etc., que claramente no son campesinos. Hay, curiosamente, también mujeres en el mismo grupo, a las que, generalmente se les persigue por “mal habladas” o por concubinatos.

Para tipificar la actitud agresiva e irreverente de ellos, podría mencionar, entre otros, un juicio que se realizó en la ciudad de Chillán en el año 1757, en contra del “estanquero” de la ciudad, por “mal entretenido”. Se le acusó de no respetar la honra de los religiosos, ni de las mujeres viudas, solteras y casadas de la ciudad. De inmiscuirse en la forma en que se administraba justicia, de leer la correspondencia ajena, de ser irreverente y hacer bromas excesivas a las familias y propietarios importantes del lugar, etc. El juicio se vio entorpecido por otros individuos de la ciudad que impedían las sesiones con desordenes —estaban “engavillados” según el decir de la época— por ello se envió a las autoridades de Santiago, pero desde allí sólo se expidió una amonestación con amenaza de destierro de Chillán^[44].

Lo que bien podría ser muestra de una burguesía naciente era molesta pero no peligrosa. Otra cosa sucedía con los vagabundos, ladrones de ganado y bandoleros, que eran en realidad grupos distintos, pero que, según la ocasión, también trabajaban de peones montados, arrieros y mineros. En la minería de la segunda mitad del siglo XVIII por ejemplo, existió un grupo bastante numeroso de mineros ocasionales que más bien compraban mineral robado, se dedicaban al juego y a la venta de licores. Siempre se les veía acompañados de mujeres de dudosa reputación, andaban fuertemente armados y eran temidos por su violencia y agresividad; se les denominó “lachones” y se llegó a dictar disposiciones especiales contra ellos. Estos grupos flotantes de la sociedad eran muy difícilmente controlables, ya que no tenían domicilio permanente, pero su existencia dio una magnífica oportunidad al latifundismo para terminar de capturar el poder rural.

Hay un proceso de básica importancia en lo que ahora describimos. En realidad el Estado vigilante, absolutista y centralizado, que había llegado a ser el Imperio Español a lo largo del siglo XVI, se transformó en el siguiente, en un aparato estatal débil, vacilante y   venal. En el mundo colonial esta situación fue notable en el siglo XVIII, cuando una sociedad y   economía mucho más compleja permitió el surgimiento de grupos fuertes, como el de latifundistas. Se habría requerido entonces mayor decisión y recursos para mantener un control centralizado y verdaderamente estatal en todos los territorios de las fracciones coloniales. Había un vacío de poder que fue llenado hábilmente, en este caso, por los latifundistas.

Cuando proliferaron las nuevas poblaciones, aquellos grupos sociales, desconocidos hasta entonces, recorrieron los campos sembrando intranquilidad y descontento en villas y haciendas. El Gobierno central no fue capaz de organizar contra ellos un aparato de justicia, de policía o defensa, que dependiera directamente de él. Pero los terratenientes lo solicitaron y, sin otro remedio, les fue entregado este último resto del poder rural. En efecto, desde antes de la mitad del siglo, a solicitud de los latifundistas interesados, el gobernador comenzó a otorgar títulos de “tenientes de corregidor”, “juez diputado” o “encargado”, etc., junto con el de capitán o coronel de milicias, los que se organizarían en distintos partidos. Los tenientes de corregidores fueron particularmente importantes pues estaban “comisionados, con sus correspondientes despachos para ello del superior gobierno, para prender, causar, y   perseguir y buscar ladrones, holgazanes, malhechores y personas sospechosas...”^[45].

No fue necesario que un hacendado aspirara a representar la justicia en el área completa de un partido. Bastaba que pudiera identificar un sector geográfico claro y además la existencia de “vagos, ociosos y ladrones” para solicitar el cargo. Un hacendado del Valle de Putaendo solicitó en 1778, el cargo de “teniente general de corregidor, alcalde hermandad y juez de comisión”, “para conocer en toda naturaleza de causas civiles y criminales” en el mismo Valle, lo que le fue concedido al cabo de unos meses. Por este camino no hubo prácticamente ninguna región del país en que el cargo no estuviese en manos de algún gran propietario^[46].

Los hacendados que obtuvieron estos títulos, acostumbraron a mantener cepos, grillos y habitaciones destinadas a cárceles en las casas de sus haciendas. Consiguieron que toda persona que anduviese en poblado llevara una “cédula” o papel escrito que lo identificara y expresara dónde trabajaba, “siendo continuo el clamor de los hacendados por la facilidad que tienen de admitir peones sin averiguarse a quién han servido y por qué motivo han salido de su servicio, de que resulta defraudarles sus intereses...”^[47]. Como el bandolerismo y el abigeato no disminuyeran, llegaron a conseguir un “bando” del gobernador Ambrosio O’Higgins que los facultaba para propinar hasta 25 azotes a toda persona que fuera sorprendida portando armas blancas, “sin más formalidad que la de recibir previamente dos declaraciones de los sujetos que hagan o se hallen presentes en la aprehensión...”^[48].

Muchas veces esta suma de poder desembocó en abusos que, de vez en cuando, los agobiados aldeanos se atrevían a reclamar a las autoridades centrales. Uno de estos reclamos, efectuado por el Procurador de la Villa de San José de Logroño el año 1794, en contra del subdelegado, un latifundista del lugar, es ilustrativo ejemplo de abuso de poder. Nombró como juez de aguas a uno de sus empleados y le dio, además, el derecho de abasto de carne de la villa, “los pobres de las estancias que siempre han venido a la villa a vender por las calles el carnero, vaquilla o cordero, ya se han retirado, porque se les saca por cada cabeza un cuartillo y sino los traen a la recoba o paga el derecho, pierde la pieza y van a la cárcel”. Arrendó las tierras de indios de las cercanías y cobró por el usufructo de los rastrojos; exigió multas por los ganados que encontraba pastando en el ejido; recibió sobornos por abrir tres casas de juego en el pueblo; tomó presos a los aldeanos y campesinos por cualquier delito y les cobró elevadas sumas de dinero por dejarlo nuevamente en libertad^[49]. Es bien claro pues, que al iniciarse el siglo XIX, el latifundio tradicional había logrado tomar en su mano todos los aspectos del poder rural.