Universidad Santo Tomás

La política antártica chilena se inició durante el gobierno de Germán Riesco con la creación, en 1906, de la Comisión Antártica Chilena, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tuvo como misión la planificación y envío de la primera comisión al continente antártico. Sus principales funciones, desde su establecimiento hasta la creación del Instituto Antártico Chileno (INACH) en 1964, fueron la organización y coordinación de las expediciones a la Antártica; hacer efectiva la soberanía chilena por medio de la ocupación y, por último, consolidar los títulos sobre las islas australes y parte del continente antártico^[2].

Desde 1906, los gobiernos chilenos, en su tarea de consolidar y defender los títulos que posee el Estado sobre parte del continente antártico, han tenido que lidiar con las pretensiones antárticas de de Argentina y Gran Bretaña, que se superponen al territorio reclamado por Chile.

Las controversias entre Chile y Argentina tienen su inicio en el Decreto Supremo Nº 260 del 27 de febrero de 1906, en el que el presidente Germán Riesco autorizó a Domingo Toro Herrera y Enrique Fabry para explotar los recursos existentes al sur de las islas Diego Ramírez.

El embajador de Argentina en Santiago, Lorenzo Anadón, al saber de la promulgación del Decreto, envió apresuradamente una copia de él a su gobierno, y después de recibir las instrucciones respectivas hizo llegar, el 10 de junio de 1906, una nota de protesta al canciller chileno, Antonio Huneeus Gana^[3]. El texto de la protesta argentina fue derivado a la Comisión Antártica de la cancillería, la que insistió constantemente al gobierno sobre la necesidad de dar solución a la controversia que se estaba gestando. Acogiendo esta propuesta, el canciller Hunneus invitó al embajador Anadón a iniciar conversaciones para definir los derechos chilenos y argentinos sobre esos sectores, además de proponer la creación de una Comisión Mixta Chileno-Argentina^[4].

Entre 1907 y 1908, se realizaron las conversaciones entre ambos Estados latinoamericanos para lograr una delimitación definitiva de la soberanía del sector antártico en disputa^[5], generándose un arreglo proyectado, “que partía de la base de que ambos países interesados gozaban de derechos sobre la región polar, y sobre dicha base se trazaba una línea divisoria que, pasando entre las islas Shetland y las Orcadas del Sur, llegaba hasta el mismo Polo Sur”^[6].

En el momento en que se realizaban las conversaciones chileno-argentinas ingresó un nuevo actor a la controversia antártica, Gran Bretaña, país que por diferentes medios realizó acciones para reclamar soberanía sobre parte del territorio disputado por chilenos y argentinos. Una de estas acciones fue la promulgación de Cartas Patentes que constituyen el punto de inicio de las pretensiones inglesas a una parte de la Antártica Chilena.

La primera Carta Patente británica, del 21 de julio de 1908, establecía que “el grupo de las islas conocidas con el nombre de Georgias del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur, Islas Sándwich y el territorio conocido como Tierra de Graham, situados en el Océano Atlántico Sur, al sur del paralelo cincuenta de latitud sur, ubicados entre los grados veinte y ochenta de longitud oeste, son parte de Nuestro Dominio”^[7]. Lo anterior demuestra los profundos errores geográficos que contenía dicho documento al establecer soberanía británica sobre parte del territorio austral del chile continental^[8].

La segunda Carta Patente británica, que tuvo por finalidad enmendar el error de la primera, fue dictada el 28 de marzo de 1917, y su texto establecía que: “por cuanto se han suscitado dudas de los límites de los grupos de islas conocidas como…; y por cuanto es conveniente que se adopten medidas para el gobierno, no sólo de estas islas y territorios, sino también para ciertas otras islas nuestras y territorios adyacentes como Dependencias de nuestra Colonia de las islas Falkland. 1°. Por la presente reclamamos que desde el momento y después de la publicación de éstas nuestras Cartas Patentes…, las Dependencias de nuestra mencionada Colonia se estimará que incluyen y han incluido todas las islas y territorios, cualquiera que sean, entre los grados veinte de longitud oeste y los grados cincuenta de longitud oeste, que están situados al sur del paralelo cincuenta de latitud sur; y todas las islas y territorios cualquiera que sean entre los grados cincuenta longitud oeste y los grados ochenta de longitud oeste, que están situados al sur del paralelo cincuenta y ocho de latitud sur”^[9]. Como se puede apreciar, los contenidos de este nuevo documento son “vanos conceptos” que no dan solución al problema planteado por la primera Carta Patente^[10].

En las conversaciones chileno-argentinas, realizadas entre los años 1907 y 1908, los representantes fueron el canciller chileno, Federico Puga Borne y el embajador de Chile en Buenos Aires, Miguel Cruchaga Tocornal; y por parte de Argentina, el canciller Estanislao Zeballos y su embajador en Santiago, Lorenzo Anadón. No obstante, ya avanzadas las conversaciones entre ambos interlocutores para la firma de un acuerdo, el Presidente de Argentina José Figueroa Alcorta, pidió la renuncia de Zeballos, por lo que el acuerdo no llegó a formalizarse^[11], y las negociaciones quedaron en un punto muerto hasta principios de la década de 1940, cuando el gobierno de Pedro Aguirre Cerda promulgó el Decreto Supremo Nº 1.747, el 6 de noviembre, que fijó los límites del Territorio Antártico Chileno.

____________________
Nota

En diciembre de 1940, el gobierno de Chile, a través de su canciller Manuel Bianchi Gundián, envió una nota a su homónimo argentino, en la que señalaba que la administración nacional se encontraba llana en prestar consideración a las posibles observaciones que el gobierno argentino pudiese formular sobre la mejor manera de encontrar en dichas tierras una línea de común vecindad.

La nota chilena derivó en las negociaciones que se realizaron en marzo de 1941, en las que participaron el delegado de Chile Julio Escudero Guzmán, y el de Argentina Isidoro Ruiz Moreno, quienes se reunieron para discutir y analizar el escenario creado por la promulgación del Decreto chileno^[12].

La negociación Escudero-Ruiz Moreno, después de extensas confrontaciones de puntos de vista, dejó establecidas las siguientes conclusiones: en primer lugar, que existe una Antártica Sudamericana y, en segundo, que los únicos países con derechos exclusivos de soberanía sobre ella son Chile y Argentina ^[13].

Los años que siguieron fueron de relativa calma. Sin embargo, a partir de 1947 y hasta 1953, las controversias entre los tres países llegan a su punto más álgido. En ese lapso, Chile instaló tres bases en la antártica^[14], enviando anualmente flotillas navales para aprovisionar y reemplazar a las dotaciones que en ellas se encontraban, como asimismo realizar investigaciones científicas con un muy bajo presupuesto.

La primera flotilla naval antártica chilena que comenzó su travesía hacia el Territorio Antártico en diciembre de 1947 generó, en marzo siguiente, una nueva controversia con el gobierno británico. En esa expedición, el buque de la Armada de Chile Angamos llegó a la isla Stonington, en las cercanías de Bahía Margarita, donde se encontraban instaladas dos bases, la famosa “Base del Este”, construida en 1940 por la expedición del almirante Richard E. Byrd y una base británica. Las instalaciones estadounidenses se encontraban, debido al abandono en muy mal estado. Los británicos, que tenían su base a muy corta distancia de “Base del Este”, acusaron a los chilenos de saquear las instalaciones norteamericanas. Este hecho produjo el intercambio de notas diplomáticas entre ambos países. Un tiempo después, el científico y explorador estadounidense Finn Ronne visitó las instalaciones de isla Stonigton, y más tarde señaló que en sus conversaciones con el jefe de la base británica, Kenneth Pierce Butler, este reconoció que ellos habían sacado distintos utensilios de “Base del Este” para su uso^[15].

Para solucionar las controversias generadas por lo que se llamó, desde fines de la década de 1940 la “cuestión antártica”, donde se encontraron involucradas distintas naciones con pretensiones antárticas, entre las que se cuentan Estados Unidos y Unión Soviética, en julio de 1947, Chile y Argentina, de común acuerdo, decidieron impulsar una conferencia internacional. Sin embargo^[16], debido a que no se encontró el apoyo necesario de otros Estados con intereses en el continente, especialmente Estados Unidos, la iniciativa no prosperó.

II. a. El Proyecto Norteamericano de Internacionalización Antártica. 1948

Ante la tensa situación internacional que se vivía en el Continente Antártico a fines de los 40’, especialmente por la disputa entre Argentina, Chile y Gran Bretaña, el gobierno estadounidense presentó dos propuestas para solucionar la “cuestión antártica”. La primera fue un fideicomiso (1947) y la segunda la internacionalización (1948). Ambas fueron rechazadas por los tres Estados^[17].

Con respecto a la primera iniciativa, el fideicomiso buscó dejar el continente antártico bajo la tutela de las Naciones Unidas, pero fue rechazado por Argentina, Chile y Gran Bretaña, porque consideraron que no era conveniente la participación de Unión Soviética y pensaban que no era factible un fideicomiso que no incluyese a los soviéticos, Estado miembro del Consejo de Tutela y miembro permanente del Consejo de Seguridad^[18].

Hasta 1948 Estados Unidos sólo había realizado exploraciones y descubrimientos en la Antártica sin realizar reclamaciones, asentamientos permanentes o delimitaciones territoriales. Sin embargo, en agosto de ese año, el Departamento de Estado creyó llegado el momento de iniciar un proceso de consultas dado el potencial peligro soviético en el continente helado. Por ello, el gobierno estadounidense preparó un borrador de un Proyecto de Internacionalización el que fue presentado de manera confidencial a Chile, Argentina, Gran Bretaña, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda, países que hasta esa fecha habían efectuado reclamaciones o delimitaciones -o ambas- en la Antártica.

El Proyecto fue entregado a los representantes de las embajadas respectivas acreditadas en Washington. En el caso de Chile, ello ocurrió el 9 de agosto, en las mismas oficinas del Departamento de Estado, siendo su receptor el diplomático chileno Mario Rodríguez Bascuñan. Hizo entrega del mencionado documento el funcionario del Departamento de Estado, Caspar Green y el Jefe de División de la Costa del Pacífico de la Oficina de Asuntos de las Repúblicas Americanas, Sheldon Mills^[19]. En esa ocasión, Mills le expresó a Rodríguez que “...el Departamento de Estado abrigaba la esperanza de que nuestro gobierno -Chile-, quisiera considerar con mayor atención las sugestiones contenidas en ellos, por constituir la idea de la internacionalización, a juicio de este gobierno -Estados Unidos- la manera más viable de resolver de manera amistosa y pacífica el problema de la Antártica y en forma que redunde en beneficio general y proteja adecuadamente los intereses de nuestro hemisferio...^[20]”.

Estados Unidos basó su propuesta en los siguientes aspectos:

1º. Había llegado a la conclusión de que establecer un “status” internacional en la Antártica era el método más aconsejable para resolver el problema de las reclamaciones antagónicas.

2º. Que no resultaba conveniente someter este problema a la Corte Internacional de Justicia porque el prestigio de varias naciones podría verse desfavorecido.

3º. El valor previsible de la Antártica era más bien científico que estratégico o económico, y que establecer un régimen internacional podría fomentar la exploración y los valores científicos, preservando --al mismo tiempo-- el control por parte de las naciones interesadas en su uso estratégico y económico.

4º. Toda la situación generada por el conflicto de intereses y el status incierto de la Antártica era susceptible de ser explotado en desventaja de las propias naciones interesadas y,

5º. Que un plan de internacionalización estimularía una investigación sistemática y científica de los fenómenos antárticos y facilitaría la correlación de las observaciones meteorológicas con las predicciones de largo alcance para las condiciones del tiempo, especialmente, en los países del hemisferio austral^[21].

Este proyecto de internacionalización constaba de una introducción y de ocho artículos. La introducción mencionaba las exploraciones polares de los países signatarios y su importancia en el conocimiento de la Antártica. También expresaba que todavía existían vastas regiones desconocidas por lo que era urgente explorarlas para definir sus influencias planetarias y su relación con la navegación marítima y aérea. Para ello debían coordinarse exploraciones conjuntas que tendrían libre movilidad para penetrar en el continente. Por último, afirmaba que los países reclamantes --entre los cuales se incorporaba Estados Unidos-- creían que la internacionalización era el mejor sistema aplicable para un desarrollo científico en base a cooperación y coordinación.

En cuanto a los artículos, el primero se refería a la extensión territorial que cubriría el acuerdo, es decir, el continente antártico e islas subantárticas situadas al sur de los 60º de latitud sur, a excepción de las islas Shetland y Orcadas del Sur.

El segundo, establecía que todas las partes contratantes unirían sus pretensiones e intereses en el régimen especial establecido en este convenio. El tercero, creaba una comisión antártica, compuesta por cada uno de los países signatarios, los que pasaban a ser el gobierno de los territorios con plenos poderes ejecutivos y administrativos, pudiendo reunirse donde y cuando quisieran, y financiando por partes iguales todas las actividades.

El cuarto artículo trataba sobre la cooperación con organismos especializados de las Naciones Unidas e instituciones científicas internacionales. El quinto se refería a la preparación y planificación de exploraciones e investigaciones que para el desarrollo científico y técnico pudieran realizarse en forma conjunta, y al fomento individual y grupal del establecimiento de instalaciones.

Los artículos sexto y séptimo consideraban las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz interna, seguridad, y las enmiendas de las estipulaciones del Tratado, mientras que el artículo octavo estipulaba el inicio de su vigencia^[22].

El Embajador de Chile en Washington, Félix Nieto del Río, apenas recibió el mencionado documento, lo remitió a la cancillería en Santiago. El Ministro de Relaciones Exteriores, Germán Vergara Donoso, sin mayor pérdida de tiempo respondió a Nieto que, en una primera lectura, el proyecto no satisfacía los intereses de Chile pero que se continuaría estudiando de manera más profunda. Además, Vergara le instruía para que averiguara si Gran Bretaña había sugerido este proyecto a Estados Unidos o si éste había contado con su aprobación previa^[23].

Nieto, siguiendo las instrucciones del Canciller Vergara, se entrevistó el 16 de agosto con el Subsecretario de Estado Lovett, centrando su conversación en dos temas específicos. El primero decía relación con la duda existente sobre si la propuesta norteamericana había sido conocida por Gran Bretaña o si este país había tenido participación en ella. Lovett respondió “que todos los países habían recibido al mismo tiempo que Chile el documento”^[24]. Respecto de la segunda cuestión, Nieto hizo ver que consideraba necesario reconsiderar la proposición Escudero^[25] para poder tratar la problemática antártica con más tiempo. Sobre esto Lovett comentó: “que la razón de tiempo tenía una importancia capital y que cuanto antes se obtuviera un acuerdo que involucrara los derechos de los ocho gobiernos interesados, sería tanto mejor... Ya que tenemos el temor de que la Unión Soviética proclame también derechos a parte del territorio antártico, pensándose en los antecedentes históricos de antiguas expediciones rusas... esto reafirmaría el temor a complicaciones por la intervención rusa que vendría a agravar la situación internacional general y a perjudicar indiscutiblemente tanto las negociaciones actuales como, quizás, los eventuales derechos de cada uno de los ocho países”^[26].

El Proyecto de Internacionalización fue, finalmente, rechazado por el Gobierno de Chile el 7 de octubre de 1948, día en que se envió la respuesta al Departamento de Estado Norteamericano. La negativa chilena se basaba en que históricamente las internacionalizaciones de algún sector habían fracasado, y que la Zona de Seguridad Hemisférica --que incluía la Antártica americana-- estipulada por el Tratado de Río de Janeiro de 1947 no era compatible con una internacionalización donde necesariamente entrarían países extra-americanos. En esto último primó la consideración del peligro que para Chile implicaba el ingreso de otros países al territorio que reclamaba, lo que potencialmente significaría un menoscabo en sus pretensiones.

Sin embargo, el gobierno de Chile insistió en la necesidad de mantener la cooperación y el intercambio científico en el continente antártico.

El proyecto de internacionalización para el continente antártico propuesto por Estados Unidos, pretendió en primer lugar potenciar la investigación científica de todos los países con intereses antárticos; en segundo término, que dichos países mantuvieran en status quo sus pretensiones para luego delegarlas a un gobierno común; en tercer lugar, (y esta era la razón de su confidencialidad), mantener a Unión Soviética fuera de la disputa antártica ya que su ingreso significaría un nuevo foco de tensión entre las relaciones de los dos bloques.

II. b. La Visita del Presidente Gabriel González Videla a la Antártica y la Declaración Tripartita, 1948-1949

En julio de 1947, en Buenos Aires, se celebraron reuniones entre los cancilleres de Chile y Argentina, Raúl Julliet y Juan A. Bramuglia, lográndose la formulación de una declaración conjunta sobre la Antártica Sudamericana. En dicho documento se expresó el deseo de llegar, lo antes posible, a la concertación de un tratado chileno-argentino de demarcación limítrofe en la Antártica.

Meses después, Gran Bretaña envió una nota de protesta a los dos países latinoamericanos por las actividades que estaban realizando en la Antártica. El documento, además, indicaba la posibilidad de llegar a un arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para dirimir el asunto. En febrero de 1948 la cancillería chilena entregó al gobierno inglés, por intermedio del embajador de Gran Bretaña en Santiago, John Leche, su respuesta al gobierno británico, en la que se insistía en los indiscutibles derechos de Chile sobre parte del continente antártico.

Días después de entregada la nota en la embajada británica, el Presidente Gabriel González Videla llegó en visita oficial al continente antártico a fin de inspeccionar las instalaciones de la base naval “Arturo Prat” y de participar en la ceremonia de inauguración de la base militar denominada “Bernardo O’Higgins”. Esto generó una nueva situación de conflicto en las relaciones de Chile y Gran Bretaña^[27].

En ese sentido, el 17 de febrero de 1948, el Subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno Británico, McNeil, señaló en la Cámara de los Comunes, refiriéndose a la visita del mandatario chileno al continente antártico, que “Gran Bretaña no dejará pasar sin respuesta el desafío hecho a su autoridad”. Horas antes de estas declaraciones, se tuvo conocimiento del zarpe hacia la Antártica del crucero HMS Nigeria, desde la base naval de Simonstown, nave que llegó a la base “Arturo Prat” a principios de marzo, donde sus tripulantes no pudieron desembarcar para entregar la protesta por la permanencia de destacamentos chilenos en el territorio de las Dependencias de las Islas Falkland^[28].

Por su parte, la prensa británica ironizó ante el hecho. Algunos periódicos realizaron los siguientes comentarios: Times and Tide, “resulta ahora una novedad escuchar a los Estados sudamericanos decir que el león tiene las garras cortadas”; The Economist, “el envío de un crucero sabrá ciertamente con sus 12 cañones de 6 pulgadas imponer la influencia tradicional del estandarte británico”; The Sphere: “cada día se ven nuevos acontecimientos en esta carrera... Hacia la Antártica... Ha habido mucha excitación respecto a este tirón a la cola del león”; The Manchester Guardian, “dejemos a la oratoria latinoamericana sus bravadas y que los pingüinos aplaudan. Para nosotros será suficiente llevar nuestro caso diplomáticamente”. Las palabras más duras provinieron del Primer Ministro Sir Clement Attlee, quien declaró en la Cámara de los Comunes que “Gran Bretaña no se dejará burlar ni despojar de territorios británicos en ninguna parte del mundo”^[29].

Después de la visita de González Videla al Territorio Antártico Chileno, el 4 de marzo, se firmó en Santiago una declaración conjunta entre el canciller chileno, Germán Vergara Donoso, y el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Argentina, Pascual La Rosa, quienes en representación de sus respectivos gobiernos acordaron “que ambos gobiernos actuarán de mutuo acuerdo en la protección y defensa jurídica de sus derechos en la Antártica Sudamericana..., en cuyos territorios se reconocen (para) Chile y Argentina indiscutibles derechos de soberanía...”^[30].

En 1949, una nueva aproximación entre Chile, Argentina y Gran Bretaña, se dio cuando los dos últimos países invitan al gobierno de González Videla a firmar un acuerdo que, con el tiempo se convertiría en una tradición que se cumple los 20 de noviembre de cada año, con el correspondiente intercambio de documentos. La declaración conjunta firmada en 1949 por los tres países, señalaba que “deseosos de evitar cualquier mal entendido en la Antártica que pudiera afectar las amistosas relaciones entre este país, Argentina y Gran Bretaña, el gobierno de Chile informa al gobierno de Argentina (Gran Bretaña), que, en las actuales circunstancias, no prevé la necesidad de enviar barcos de guerra al sur de los 60º de latitud sur durante la temporada antártica, con excepción, naturalmente, de los movimientos que han sido habituales durante algunos años”^[31].

II. c. La Isla Decepción y la Industria Ballenera, 1953-1955

Entre 1950 y 1951, el problema de la sobreposición de las pretensiones antárticas entre los tres Estados se mantuvo en relativa calma, destacándose solamente las protestas que se formulaban por las actividades rutinarias --envió de flotillas y levantamiento de bases y refugios-- que realizaban Chile, Argentina y Gran Bretaña.

Pero esta calma no duró mucho tiempo. En 1952 se produjo el desmantelamiento, por parte de los británicos, del refugio chileno instalado en isla Decepción^[32]. Esto generó fuertes controversias entre los respectivos gobiernos. La administración de Carlos Ibáñez del Campo, ante esta acción vio “la posibilidad de recurrir ante la Organización de Estados Americanos, para representar, conforme al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo que realmente estaba amenazado con estas violaciones no era Chile, sino la zona de seguridad Americana”^[33].

Lo anterior se explica si recordamos que la zona de aplicación del TIAR incluía el territorio antártico. Finalmente, se decidió convocar a la Comisión Chilena Antártica acordándose el siguiente programa: a) el gobierno mantendría, como exigencia previa al establecimiento de negociaciones y a la búsqueda de una solución al problema, la reposición del refugio destruido; b) de no ser aceptado lo anterior, se recurriría a la Organización de Estados Americanos y, c) en tal caso, Chile procedería a reponer por sí y ante sí las instalaciones desmanteladas, bajo el emparo de sus Fuerzas Armadas y la protección de la OEA.

Sin embargo, las iniciativas propuestas por la Comisión Chilena Antártica no se llevaron a cabo y como señaló el entonces canciller Arturo Olavarría “se le echó tierra al incidente de la Isla Decepción, quedando impávida Inglaterra, destruido el refugio y ajada la dignidad nacional”^[34].

Se cree que la escasa iniciativa demostrada por la administración de Ibáñez del Campo en el caso de la isla Decepción, se debió al escaso interés de Estados Unidos en conservar al continente antártico como una zona de paz; sumándose además que Gran Bretaña era el principal aliado de los estadounidenses y que, por tanto, por ningún motivo rompería esa vinculación aplicando el TIAR, a pesar de que en la zona delimitada por el Tratado se encontraba la Antártica Chilena.

Lo anterior no fue el único problema que sostuvo Chile con Gran Bretaña por la disputa antártica, pues sucedió que en 1955, cuando el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo extendió en 200 millas el límite marítimo, nuevamente se entró en conflicto. El hecho generó protestas británicas, debido a que sus actividades de pesca de ballenas en las zonas antárticas se verían entorpecidas. Sin embargo, el canciller chileno Osvaldo Koch, en declaraciones formuladas a la prensa, señaló que “no habrían choques en la Antártica por la nueva extensión marítima chilena”^[35]. Finalmente el altercado no paso a mayores.

En 1956, la controversia entre chilenos y británicos nuevamente se intensificó por varios hechos. El primero fue la propuesta de India de llevar el tema antártico a Naciones Unidas; el segundo, el rechazo de la Corte Internacional de Justicia de tratarlo; el tercero, las declaraciones de Carlos Ibáñez del Campo al New York Herald Tribune; y por último, la visita del HMS Protector a Valparaíso. Todos estos acontecimientos provocaron que la administración pública se viera forzada, por distintos grupos de presión, a la fijación y delineación de una nueva política antártica.

Con respecto a la solicitud enviada por India a Naciones Unidas para que se incluya el tema antártico en la agenda de la XI Asamblea General, el gobierno de Ibáñez y la cancillería, ante la urgencia de tomar medidas, ideó un plan de acción que involucró al canciller, Enrique Barbosa Baeza, a los embajadores chilenos ante Naciones Unidas, Rudesindo Ortega y Oscar Pinochet de la Barra y, finalmente, al encargado de negocios en India, Miguel Serrano^[36].

Las indicaciones que el gobierno dio al embajador Ortega, insistían en la total oposición a la propuesta india si aconteciese que tal iniciativa se encaminase a un fideicomiso para la Antártica. Asimismo, se le encargó buscar apoyo entre los países latinoamericanos^[37]; además, se inició una ofensiva para que el tema no fuera tratado en la Asamblea General por ser un caso de soberanía no sujeto a esa instancia de régimen internacional de administración fiduciaria de la carta de Naciones Unidas^[38], y porque una posible fórmula de internacionalización, Chile no la podría aceptar porque afectaría a una zona interna de su territorio nacional^[39].

El encargado de negocios en India, Miguel Serrano, expresó a la prensa que: “Posteriormente, el gobierno indio señaló que su propuesta se enfocaba a impedir que se realicen experimentos nucleares en el Continente y que no tenía el propósito de pedir que la Antártica se colocara bajo administración fiduciaria, ni tampoco discutir la legalidad de las reclamaciones territoriales de los países interesados ^[40].

Después de varios meses de negociaciones, India retiró del temario de la XI Asamblea General el punto referente al continente antártico, lo que fue celebrado como un gran triunfo de la diplomacia chilena ^[41].

Con respecto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el gobierno chileno obtuvo otro punto a su favor en su política antártica cuando, el 17 de marzo de 1956, la Corte decidió no tratar la solicitud unilateral de Gran Bretaña del 4 de mayo de 1955^1 [42], para que interviniera en la disputa por los territorios antárticos que mantenía con Chile y Argentina. Ambos países latinoamericanos se negaron a recurrir a ella para defender sus títulos, pues los consideraban irrefutables^[43].

A pesar de los avances obtenidos por Chile en la defensa de sus derechos antárticos en Naciones Unidas y en la Corte Internacional de Justicia, las declaraciones del presidente Carlos Ibáñez del Campo, al corresponsal Joseph Newman del diario estadounidense New York Herald Tribune, donde expresó “estar dispuesto a permitir que la Organización de Estados Americanos medie en la disputa, cada vez más vigorosa, entre Chile y Gran Bretaña, respecto de los puntos de vista sobre sus derechos soberanos en la Antártida, los que se encuentran en conflicto”^[44], generaron un profundo debate sobre la política antártica que hasta ese momento se estaba desarrollando.

El caso fue finalmente tratado por el Congreso Nacional, especialmente por la Honorable Cámara de Diputados, donde el radical Raúl Morales Adriasola, señalo que “lo más grave de esta frase que, según versión no desmentida, habría pronunciado S. E. en dicha entrevista, el referirse a nuestros derechos; la de que éstos, “se encuentran en conflicto”… Parece que continuamos con la política “americanista y pacifista”, que yo tildo de “débil y entreguista”, la que está afectando, en forma aguda, el patriotismo y el sentimiento de nacionalidad de los chilenos… Nuestros títulos no tienen por qué sufrir arbitraje ni consulta de ninguna especie, puesto que no están en duda; y al aceptar o sugerir un arbitraje o consulta, es aceptar explícitamente que existe la duda”^[45].

Finalmente, el canciller, Enrique Barbosa, tuvo que salir al paso señalando que las palabras del Presidente Ibáñez, habían sido mal interpretadas por el corresponsal, o que se debía simplemente a una mala traducción del documento.

Ante la visita del rompehielos británico HMS Protector el debate se instaló nuevamente entre los Diputados, quienes solicitaron al gobierno de Ibáñez del Campo adoptar una política más estricta para defender los derechos chilenos en la Antártica. Además de solicitar explicaciones sobre el recibimiento de que habían sido objeto los británicos en el puerto de Valparaíso, especialmente por la Armada de Chile y el gobierno regional.

Ante las presiones que recibió el gobierno por parte del Congreso Nacional, Carlos Ibáñez del Campo y sus ministros se vieron en la necesidad de planificar una nueva política antártica, que fue dada a conocer en la Cámara de Diputados por el canciller, Enrique Barbosa.

Esta nueva política antártica consistía en un plan a largo plazo que no podría ser modificado por los siguientes gobiernos y cancilleres, con el fin de evitar así descuidos o negligencias.

El plan buscaba lograr varios objetivos. Primero, fortalecer las bases y el sólido convencimiento de que los chilenos poseían una conciencia antártica, lo que permitiría mostrar y defender ante cualquier Estado los derechos de Chile^[46].

En segundo lugar, el gobierno debía esmerarse en fortalecer los derechos nacionales en la Antártica, intensificando los actos de ocupación y de administración, fomentando el establecimiento de un mayor número de bases y un mayor desarrollo de actividades científicas y de exploración^[47].

En tercer lugar, se daría prioridad a la participación de Chile en el Año Geofísico Internacional (AGI), lo que se concretaría en la instalación de nuevas bases, y por agregado, en la intensificación de investigaciones y exploraciones científicas que permitirían conocer el verdadero potencial y posibilidades del sector para la explotación de los recursos^[48].

En cuarto lugar, se terminaría de redactar el Estatuto Antártico, que regularía las funciones administrativas y crearía nuevos servicios públicos para acercar al Territorio Antártico Nacional con el Chile continental americano.

En quinto lugar, el plan contemplaba la requisición de todos los mapas y cartas que circulaban en las escuelas del país para su corrección, y sancionar a los responsables de las publicaciones que no incorporen en su integridad el territorio nacional.

Finalmente, se acordaba que en los planteles educacionales se comenzarían a implementar talleres para los profesores, para que también participasen en este proyecto como formadores de conciencia nacional.

____________________

En enero de 1957, se produce uno de los últimos altercados por la Antártica entre Argentina, Chile, y Gran Bretaña. Nos referimos a la reunión que mantuvieron el vicepresidente argentino Isaac Rojas y el Duque de Edimburgo, Príncipe Consorte de Gran Bretaña, en la que al parecer se habría gestionado la compra de buques para la armada del vecino país^[49].

Los años que siguieron estuvieron marcados por una relativa calma, a causa de los preparativos y el desarrollo del AGI y por las posteriores reuniones preparatorias y la firma del Tratado Antártico en Washington en 1959.

Finalmente, el último acontecimiento en la disputa territorial antártica después de firmado el Tratado de Washington en 1959, entre Chile y Argentina, fue la visita al continente antártico del Presidente argentino Arturo Frondizi en 1961.

Esto sucedió en el momento en el Congreso Nacional de Chile se discutía la aprobación del Tratado Antártico, generando innumerables polémicas al gobierno por parte de los parlamentarios.

El Presidente Jorge Alessandri Rodríguez, a través de su canciller, Germán Vergara Donoso, envió una nota de protesta a la administración argentina en donde se señala que "con motivo de la visita que acaba de realizar el Excelentísimo señor Arturo Frondizi, Presidente de la Nación Argentina a Isla Decepción, y del discurso pronunciado en esta oportunidad, el Gobierno de Chile reafirmó enfáticamente la soberanía nacional en el sector antártico situado entre los meridianos 53 y 90 grados de longitud oeste de Greenwich" ... “el Gobierno de Chile deja estampada la protesta de los derechos inalienables de la nación sobre territorio que forma parte de su patrimonio, en virtud de inequívocos títulos históricos, geográficos y jurídicos y cuyos limites quedaron definidos en el Decreto del 6 de noviembre de 1940 del Presidente Pedro Aguirre Cerda"^[50].

La visita de Frondizi a la Antártica, significó que el parlamento chileno pusiera en tela de juicio la discusión y aprobación de los Protocolos, que en ese período se habían firmado con Argentina, decidiendo los diputados y senadores suspenderlos indefinidamente^[51].

Si bien es cierto ya han pasado 47 años desde la firma del Tratado de 1959, que dejó los problemas generados por la sobreposición de los sectores antárticos reclamados por Chile, Argentina y Gran Bretaña congelados, la política antártica chilena, cien años después de su creación, en el silencio de los pasillos de la cancillería y de otras instituciones, sigue dictando los lineamientos para la defensa de la soberanía del Territorio Antártico Chileno.