Volumen 3, Nº1 Agosto de 2006

Chile, Argentina y Gran Bretaña en el Continente Antártico, 1906-1961. Una Aproximación a las Controversias Diplomáticas

 

II. La Agudización de la “Cuestión Antártica”, 1947-1953

En diciembre de 1940, el gobierno de Chile, a través de su canciller Manuel Bianchi Gundián, envió una nota a su homónimo argentino, en la que señalaba que la administración nacional se encontraba llana en prestar consideración a las posibles observaciones que el gobierno argentino pudiese formular sobre la mejor manera de encontrar en dichas tierras una línea de común vecindad.

La nota chilena derivó en las negociaciones que se realizaron en marzo de 1941, en las que participaron el delegado de Chile Julio Escudero Guzmán, y el de Argentina Isidoro Ruiz Moreno, quienes se reunieron para discutir y analizar el escenario creado por la promulgación del Decreto chileno[12].

La negociación Escudero-Ruiz Moreno, después de extensas confrontaciones de puntos de vista, dejó establecidas las siguientes conclusiones: en primer lugar, que existe una Antártica Sudamericana y, en segundo, que los únicos países con derechos exclusivos de soberanía sobre ella son Chile y Argentina [13].

Los años que siguieron fueron de relativa calma. Sin embargo, a partir de 1947 y hasta 1953, las controversias entre los tres países llegan a su punto más álgido. En ese lapso, Chile instaló tres bases en la antártica[14], enviando anualmente flotillas navales para aprovisionar y reemplazar a las dotaciones que en ellas se encontraban, como asimismo realizar investigaciones científicas con un muy bajo presupuesto.

La primera flotilla naval antártica chilena que comenzó su travesía hacia el Territorio Antártico en diciembre de 1947 generó, en marzo siguiente, una nueva controversia con el gobierno británico. En esa expedición, el buque de la Armada de Chile Angamos llegó a la isla Stonington, en las cercanías de Bahía Margarita, donde se encontraban instaladas dos bases, la famosa “Base del Este”, construida en 1940 por la expedición del almirante Richard E. Byrd y una base británica. Las instalaciones estadounidenses se encontraban, debido al abandono en muy mal estado. Los británicos, que tenían su base a muy corta distancia de “Base del Este”, acusaron a los chilenos de saquear las instalaciones norteamericanas. Este hecho produjo el intercambio de notas diplomáticas entre ambos países. Un tiempo después, el científico y explorador estadounidense Finn Ronne visitó las instalaciones de isla Stonigton, y más tarde señaló que en sus conversaciones con el jefe de la base británica, Kenneth Pierce Butler, este reconoció que ellos habían sacado distintos utensilios de “Base del Este” para su uso[15].

Para solucionar las controversias generadas por lo que se llamó, desde fines de la década de 1940 la “cuestión antártica”, donde se encontraron involucradas distintas naciones con pretensiones antárticas, entre las que se cuentan Estados Unidos y Unión Soviética, en julio de 1947, Chile y Argentina, de común acuerdo, decidieron impulsar una conferencia internacional. Sin embargo[16], debido a que no se encontró el apoyo necesario de otros Estados con intereses en el continente, especialmente Estados Unidos, la iniciativa no prosperó.

II. a. El Proyecto Norteamericano de Internacionalización Antártica. 1948

Ante la tensa situación internacional que se vivía en el Continente Antártico a fines de los 40’, especialmente por la disputa entre Argentina, Chile y Gran Bretaña, el gobierno estadounidense presentó dos propuestas para solucionar la “cuestión antártica”. La primera fue un fideicomiso (1947) y la segunda la internacionalización (1948). Ambas fueron rechazadas por los tres Estados[17].

Con respecto a la primera iniciativa, el fideicomiso buscó dejar el continente antártico bajo la tutela de las Naciones Unidas, pero fue rechazado por Argentina, Chile y Gran Bretaña, porque consideraron que no era conveniente la participación de Unión Soviética y pensaban que no era factible un fideicomiso que no incluyese a los soviéticos, Estado miembro del Consejo de Tutela y miembro permanente del Consejo de Seguridad[18].

Hasta 1948 Estados Unidos sólo había realizado exploraciones y descubrimientos en la Antártica sin realizar reclamaciones, asentamientos permanentes o delimitaciones territoriales. Sin embargo, en agosto de ese año, el Departamento de Estado creyó llegado el momento de iniciar un proceso de consultas dado el potencial peligro soviético en el continente helado. Por ello, el gobierno estadounidense preparó un borrador de un Proyecto de Internacionalización el que fue presentado de manera confidencial a Chile, Argentina, Gran Bretaña, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda, países que hasta esa fecha habían efectuado reclamaciones o delimitaciones -o ambas- en la Antártica.

El Proyecto fue entregado a los representantes de las embajadas respectivas acreditadas en Washington. En el caso de Chile, ello ocurrió el 9 de agosto, en las mismas oficinas del Departamento de Estado, siendo su receptor el diplomático chileno Mario Rodríguez Bascuñan. Hizo entrega del mencionado documento el funcionario del Departamento de Estado, Caspar Green y el Jefe de División de la Costa del Pacífico de la Oficina de Asuntos de las Repúblicas Americanas, Sheldon Mills[19]. En esa ocasión, Mills le expresó a Rodríguez que “...el Departamento de Estado abrigaba la esperanza de que nuestro gobierno -Chile-, quisiera considerar con mayor atención las sugestiones contenidas en ellos, por constituir la idea de la internacionalización, a juicio de este gobierno -Estados Unidos- la manera más viable de resolver de manera amistosa y pacífica el problema de la Antártica y en forma que redunde en beneficio general y proteja adecuadamente los intereses de nuestro hemisferio...[20]”.

Estados Unidos basó su propuesta en los siguientes aspectos:

1º. Había llegado a la conclusión de que establecer un “status” internacional en la Antártica era el método más aconsejable para resolver el problema de las reclamaciones antagónicas.

2º. Que no resultaba conveniente someter este problema a la Corte Internacional de Justicia porque el prestigio de varias naciones podría verse desfavorecido.

3º. El valor previsible de la Antártica era más bien científico que estratégico o económico, y que establecer un régimen internacional podría fomentar la exploración y los valores científicos, preservando --al mismo tiempo-- el control por parte de las naciones interesadas en su uso estratégico y económico.

4º. Toda la situación generada por el conflicto de intereses y el status incierto de la Antártica era susceptible de ser explotado en desventaja de las propias naciones interesadas y,

5º. Que un plan de internacionalización estimularía una investigación sistemática y científica de los fenómenos antárticos y facilitaría la correlación de las observaciones meteorológicas con las predicciones de largo alcance para las condiciones del tiempo, especialmente, en los países del hemisferio austral[21].

Este proyecto de internacionalización constaba de una introducción y de ocho artículos. La introducción mencionaba las exploraciones polares de los países signatarios y su importancia en el conocimiento de la Antártica. También expresaba que todavía existían vastas regiones desconocidas por lo que era urgente explorarlas para definir sus influencias planetarias y su relación con la navegación marítima y aérea. Para ello debían coordinarse exploraciones conjuntas que tendrían libre movilidad para penetrar en el continente. Por último, afirmaba que los países reclamantes --entre los cuales se incorporaba Estados Unidos-- creían que la internacionalización era el mejor sistema aplicable para un desarrollo científico en base a cooperación y coordinación.

En cuanto a los artículos, el primero se refería a la extensión territorial que cubriría el acuerdo, es decir, el continente antártico e islas subantárticas situadas al sur de los 60º de latitud sur, a excepción de las islas Shetland y Orcadas del Sur.

El segundo, establecía que todas las partes contratantes unirían sus pretensiones e intereses en el régimen especial establecido en este convenio. El tercero, creaba una comisión antártica, compuesta por cada uno de los países signatarios, los que pasaban a ser el gobierno de los territorios con plenos poderes ejecutivos y administrativos, pudiendo reunirse donde y cuando quisieran, y financiando por partes iguales todas las actividades.

El cuarto artículo trataba sobre la cooperación con organismos especializados de las Naciones Unidas e instituciones científicas internacionales. El quinto se refería a la preparación y planificación de exploraciones e investigaciones que para el desarrollo científico y técnico pudieran realizarse en forma conjunta, y al fomento individual y grupal del establecimiento de instalaciones.

Los artículos sexto y séptimo consideraban las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz interna, seguridad, y las enmiendas de las estipulaciones del Tratado, mientras que el artículo octavo estipulaba el inicio de su vigencia[22].

El Embajador de Chile en Washington, Félix Nieto del Río, apenas recibió el mencionado documento, lo remitió a la cancillería en Santiago. El Ministro de Relaciones Exteriores, Germán Vergara Donoso, sin mayor pérdida de tiempo respondió a Nieto que, en una primera lectura, el proyecto no satisfacía los intereses de Chile pero que se continuaría estudiando de manera más profunda. Además, Vergara le instruía para que averiguara si Gran Bretaña había sugerido este proyecto a Estados Unidos o si éste había contado con su aprobación previa[23].

Nieto, siguiendo las instrucciones del Canciller Vergara, se entrevistó el 16 de agosto con el Subsecretario de Estado Lovett, centrando su conversación en dos temas específicos. El primero decía relación con la duda existente sobre si la propuesta norteamericana había sido conocida por Gran Bretaña o si este país había tenido participación en ella. Lovett respondió “que todos los países habían recibido al mismo tiempo que Chile el documento”[24]. Respecto de la segunda cuestión, Nieto hizo ver que consideraba necesario reconsiderar la proposición Escudero[25] para poder tratar la problemática antártica con más tiempo. Sobre esto Lovett comentó: “que la razón de tiempo tenía una importancia capital y que cuanto antes se obtuviera un acuerdo que involucrara los derechos de los ocho gobiernos interesados, sería tanto mejor... Ya que tenemos el temor de que la Unión Soviética proclame también derechos a parte del territorio antártico, pensándose en los antecedentes históricos de antiguas expediciones rusas... esto reafirmaría el temor a complicaciones por la intervención rusa que vendría a agravar la situación internacional general y a perjudicar indiscutiblemente tanto las negociaciones actuales como, quizás, los eventuales derechos de cada uno de los ocho países”[26].

El Proyecto de Internacionalización fue, finalmente, rechazado por el Gobierno de Chile el 7 de octubre de 1948, día en que se envió la respuesta al Departamento de Estado Norteamericano. La negativa chilena se basaba en que históricamente las internacionalizaciones de algún sector habían fracasado, y que la Zona de Seguridad Hemisférica --que incluía la Antártica americana-- estipulada por el Tratado de Río de Janeiro de 1947 no era compatible con una internacionalización donde necesariamente entrarían países extra-americanos. En esto último primó la consideración del peligro que para Chile implicaba el ingreso de otros países al territorio que reclamaba, lo que potencialmente significaría un menoscabo en sus pretensiones.

Sin embargo, el gobierno de Chile insistió en la necesidad de mantener la cooperación y el intercambio científico en el continente antártico.

El proyecto de internacionalización para el continente antártico propuesto por Estados Unidos, pretendió en primer lugar potenciar la investigación científica de todos los países con intereses antárticos; en segundo término, que dichos países mantuvieran en status quo sus pretensiones para luego delegarlas a un gobierno común; en tercer lugar, (y esta era la razón de su confidencialidad), mantener a Unión Soviética fuera de la disputa antártica ya que su ingreso significaría un nuevo foco de tensión entre las relaciones de los dos bloques.

II. b. La Visita del Presidente Gabriel González Videla a la Antártica y la Declaración Tripartita, 1948-1949

En julio de 1947, en Buenos Aires, se celebraron reuniones entre los cancilleres de Chile y Argentina, Raúl Julliet y Juan A. Bramuglia, lográndose la formulación de una declaración conjunta sobre la Antártica Sudamericana. En dicho documento se expresó el deseo de llegar, lo antes posible, a la concertación de un tratado chileno-argentino de demarcación limítrofe en la Antártica.

Meses después, Gran Bretaña envió una nota de protesta a los dos países latinoamericanos por las actividades que estaban realizando en la Antártica. El documento, además, indicaba la posibilidad de llegar a un arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para dirimir el asunto. En febrero de 1948 la cancillería chilena entregó al gobierno inglés, por intermedio del embajador de Gran Bretaña en Santiago, John Leche, su respuesta al gobierno británico, en la que se insistía en los indiscutibles derechos de Chile sobre parte del continente antártico.

Días después de entregada la nota en la embajada británica, el Presidente Gabriel González Videla llegó en visita oficial al continente antártico a fin de inspeccionar las instalaciones de la base naval “Arturo Prat” y de participar en la ceremonia de inauguración de la base militar denominada “Bernardo O’Higgins”. Esto generó una nueva situación de conflicto en las relaciones de Chile y Gran Bretaña[27].

En ese sentido, el 17 de febrero de 1948, el Subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno Británico, McNeil, señaló en la Cámara de los Comunes, refiriéndose a la visita del mandatario chileno al continente antártico, que “Gran Bretaña no dejará pasar sin respuesta el desafío hecho a su autoridad”. Horas antes de estas declaraciones, se tuvo conocimiento del zarpe hacia la Antártica del crucero HMS Nigeria, desde la base naval de Simonstown, nave que llegó a la base “Arturo Prat” a principios de marzo, donde sus tripulantes no pudieron desembarcar para entregar la protesta por la permanencia de destacamentos chilenos en el territorio de las Dependencias de las Islas Falkland[28].

Por su parte, la prensa británica ironizó ante el hecho. Algunos periódicos realizaron los siguientes comentarios: Times and Tide, “resulta ahora una novedad escuchar a los Estados sudamericanos decir que el león tiene las garras cortadas”; The Economist, “el envío de un crucero sabrá ciertamente con sus 12 cañones de 6 pulgadas imponer la influencia tradicional del estandarte británico”; The Sphere: “cada día se ven nuevos acontecimientos en esta carrera... Hacia la Antártica... Ha habido mucha excitación respecto a este tirón a la cola del león”; The Manchester Guardian, dejemos a la oratoria latinoamericana sus bravadas y que los pingüinos aplaudan. Para nosotros será suficiente llevar nuestro caso diplomáticamente”. Las palabras más duras provinieron del Primer Ministro Sir Clement Attlee, quien declaró en la Cámara de los Comunes que Gran Bretaña no se dejará burlar ni despojar de territorios británicos en ninguna parte del mundo”[29].

Después de la visita de González Videla al Territorio Antártico Chileno, el 4 de marzo, se firmó en Santiago una declaración conjunta entre el canciller chileno, Germán Vergara Donoso, y el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Argentina, Pascual La Rosa, quienes en representación de sus respectivos gobiernos acordaron “que ambos gobiernos actuarán de mutuo acuerdo en la protección y defensa jurídica de sus derechos en la Antártica Sudamericana..., en cuyos territorios se reconocen (para) Chile y Argentina indiscutibles derechos de soberanía...”[30].

En 1949, una nueva aproximación entre Chile, Argentina y Gran Bretaña, se dio cuando los dos últimos países invitan al gobierno de González Videla a firmar un acuerdo que, con el tiempo se convertiría en una tradición que se cumple los 20 de noviembre de cada año, con el correspondiente intercambio de documentos. La declaración conjunta firmada en 1949 por los tres países, señalaba que “deseosos de evitar cualquier mal entendido en la Antártica que pudiera afectar las amistosas relaciones entre este país, Argentina y Gran Bretaña, el gobierno de Chile informa al gobierno de Argentina (Gran Bretaña), que, en las actuales circunstancias, no prevé la necesidad de enviar barcos de guerra al sur de los 60º de latitud sur durante la temporada antártica, con excepción, naturalmente, de los movimientos que han sido habituales durante algunos años”[31].

II. c. La Isla Decepción y la Industria Ballenera, 1953-1955

Entre 1950 y 1951, el problema de la sobreposición de las pretensiones antárticas entre los tres Estados se mantuvo en relativa calma, destacándose solamente las protestas que se formulaban por las actividades rutinarias --envió de flotillas y levantamiento de bases y refugios-- que realizaban Chile, Argentina y Gran Bretaña.

Pero esta calma no duró mucho tiempo. En 1952 se produjo el desmantelamiento, por parte de los británicos, del refugio chileno instalado en isla Decepción[32]. Esto generó fuertes controversias entre los respectivos gobiernos. La administración de Carlos Ibáñez del Campo, ante esta acción vio “la posibilidad de recurrir ante la Organización de Estados Americanos, para representar, conforme al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo que realmente estaba amenazado con estas violaciones no era Chile, sino la zona de seguridad Americana”[33].

Lo anterior se explica si recordamos que la zona de aplicación del TIAR incluía el territorio antártico. Finalmente, se decidió convocar a la Comisión Chilena Antártica acordándose el siguiente programa: a) el gobierno mantendría, como exigencia previa al establecimiento de negociaciones y a la búsqueda de una solución al problema, la reposición del refugio destruido; b) de no ser aceptado lo anterior, se recurriría a la Organización de Estados Americanos y, c) en tal caso, Chile procedería a reponer por sí y ante sí las instalaciones desmanteladas, bajo el emparo de sus Fuerzas Armadas y la protección de la OEA.

Sin embargo, las iniciativas propuestas por la Comisión Chilena Antártica no se llevaron a cabo y como señaló el entonces canciller Arturo Olavarría se le echó tierra al incidente de la Isla Decepción, quedando impávida Inglaterra, destruido el refugio y ajada la dignidad nacional”[34].

Se cree que la escasa iniciativa demostrada por la administración de Ibáñez del Campo en el caso de la isla Decepción, se debió al escaso interés de Estados Unidos en conservar al continente antártico como una zona de paz; sumándose además que Gran Bretaña era el principal aliado de los estadounidenses y que, por tanto, por ningún motivo rompería esa vinculación aplicando el TIAR, a pesar de que en la zona delimitada por el Tratado se encontraba la Antártica Chilena.

Lo anterior no fue el único problema que sostuvo Chile con Gran Bretaña por la disputa antártica, pues sucedió que en 1955, cuando el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo extendió en 200 millas el límite marítimo, nuevamente se entró en conflicto. El hecho generó protestas británicas, debido a que sus actividades de pesca de ballenas en las zonas antárticas se verían entorpecidas. Sin embargo, el canciller chileno Osvaldo Koch, en declaraciones formuladas a la prensa, señaló que no habrían choques en la Antártica por la nueva extensión marítima chilena”[35]. Finalmente el altercado no paso a mayores.

I. Chile, Argentina y Gran Bretaña y el Comienzo de la “Cuestión Antártica”, 1906-1940[1] | II. La Agudización de la “Cuestión Antártica”, 1947-1953 | III. Chile, India y Naciones Unidas, 1956 | IV. Las Últimas Controversias y la Aprobación del Tratado Antártico, 1957-1961 | Notas | Versión de impresión

 




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