Volumen 3, Nº1 Agosto de 2006

Chile, Argentina y Gran Bretaña en el Continente Antártico, 1906-1961. Una Aproximación a las Controversias Diplomáticas

 

III. Chile, India y Naciones Unidas, 1956

En 1956, la controversia entre chilenos y británicos nuevamente se intensificó por varios hechos. El primero fue la propuesta de India de llevar el tema antártico a Naciones Unidas; el segundo, el rechazo de la Corte Internacional de Justicia de tratarlo; el tercero, las declaraciones de Carlos Ibáñez del Campo al New York Herald Tribune; y por último, la visita del HMS Protector a Valparaíso. Todos estos acontecimientos provocaron que la administración pública se viera forzada, por distintos grupos de presión, a la fijación y delineación de una nueva política antártica.

Con respecto a la solicitud enviada por India a Naciones Unidas para que se incluya el tema antártico en la agenda de la XI Asamblea General, el gobierno de Ibáñez y la cancillería, ante la urgencia de tomar medidas, ideó un plan de acción que involucró al canciller, Enrique Barbosa Baeza, a los embajadores chilenos ante Naciones Unidas, Rudesindo Ortega y Oscar Pinochet de la Barra y, finalmente, al encargado de negocios en India, Miguel Serrano[36].

Las indicaciones que el gobierno dio al embajador Ortega, insistían en la total oposición a la propuesta india si aconteciese que tal iniciativa se encaminase a un fideicomiso para la Antártica. Asimismo, se le encargó buscar apoyo entre los países latinoamericanos[37]; además, se inició una ofensiva para que el tema no fuera tratado en la Asamblea General por ser un caso de soberanía no sujeto a esa instancia de régimen internacional de administración fiduciaria de la carta de Naciones Unidas[38], y porque una posible fórmula de internacionalización, Chile no la podría aceptar porque afectaría a una zona interna de su territorio nacional[39].

El encargado de negocios en India, Miguel Serrano, expresó a la prensa que: “Posteriormente, el gobierno indio señaló que su propuesta se enfocaba a impedir que se realicen experimentos nucleares en el Continente y que no tenía el propósito de pedir que la Antártica se colocara bajo administración fiduciaria, ni tampoco discutir la legalidad de las reclamaciones territoriales de los países interesados [40].

Después de varios meses de negociaciones, India retiró del temario de la XI Asamblea General el punto referente al continente antártico, lo que fue celebrado como un gran triunfo de la diplomacia chilena [41].

Con respecto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el gobierno chileno obtuvo otro punto a su favor en su política antártica cuando, el 17 de marzo de 1956, la Corte decidió no tratar la solicitud unilateral de Gran Bretaña del 4 de mayo de 19551 [42], para que interviniera en la disputa por los territorios antárticos que mantenía con Chile y Argentina. Ambos países latinoamericanos se negaron a recurrir a ella para defender sus títulos, pues los consideraban irrefutables[43].

A pesar de los avances obtenidos por Chile en la defensa de sus derechos antárticos en Naciones Unidas y en la Corte Internacional de Justicia, las declaraciones del presidente Carlos Ibáñez del Campo, al corresponsal Joseph Newman del diario estadounidense New York Herald Tribune, donde expresó “estar dispuesto a permitir que la Organización de Estados Americanos medie en la disputa, cada vez más vigorosa, entre Chile y Gran Bretaña, respecto de los puntos de vista sobre sus derechos soberanos en la Antártida, los que se encuentran en conflicto”[44], generaron un profundo debate sobre la política antártica que hasta ese momento se estaba desarrollando.

El caso fue finalmente tratado por el Congreso Nacional, especialmente por la Honorable Cámara de Diputados, donde el radical Raúl Morales Adriasola, señalo que “lo más grave de esta frase que, según versión no desmentida, habría pronunciado S. E. en dicha entrevista, el referirse a nuestros derechos; la de que éstos, “se encuentran en conflicto”… Parece que continuamos con la política “americanista y pacifista”, que yo tildo de “débil y entreguista”, la que está afectando, en forma aguda, el patriotismo y el sentimiento de nacionalidad de los chilenos… Nuestros títulos no tienen por qué sufrir arbitraje ni consulta de ninguna especie, puesto que no están en duda; y al aceptar o sugerir un arbitraje o consulta, es aceptar explícitamente que existe la duda”[45].

Finalmente, el canciller, Enrique Barbosa, tuvo que salir al paso señalando que las palabras del Presidente Ibáñez, habían sido mal interpretadas por el corresponsal, o que se debía simplemente a una mala traducción del documento.

Ante la visita del rompehielos británico HMS Protector el debate se instaló nuevamente entre los Diputados, quienes solicitaron al gobierno de Ibáñez del Campo adoptar una política más estricta para defender los derechos chilenos en la Antártica. Además de solicitar explicaciones sobre el recibimiento de que habían sido objeto los británicos en el puerto de Valparaíso, especialmente por la Armada de Chile y el gobierno regional.

Ante las presiones que recibió el gobierno por parte del Congreso Nacional, Carlos Ibáñez del Campo y sus ministros se vieron en la necesidad de planificar una nueva política antártica, que fue dada a conocer en la Cámara de Diputados por el canciller, Enrique Barbosa.

Esta nueva política antártica consistía en un plan a largo plazo que no podría ser modificado por los siguientes gobiernos y cancilleres, con el fin de evitar así descuidos o negligencias.

El plan buscaba lograr varios objetivos. Primero, fortalecer las bases y el sólido convencimiento de que los chilenos poseían una conciencia antártica, lo que permitiría mostrar y defender ante cualquier Estado los derechos de Chile[46].

En segundo lugar, el gobierno debía esmerarse en fortalecer los derechos nacionales en la Antártica, intensificando los actos de ocupación y de administración, fomentando el establecimiento de un mayor número de bases y un mayor desarrollo de actividades científicas y de exploración[47].

En tercer lugar, se daría prioridad a la participación de Chile en el Año Geofísico Internacional (AGI), lo que se concretaría en la instalación de nuevas bases, y por agregado, en la intensificación de investigaciones y exploraciones científicas que permitirían conocer el verdadero potencial y posibilidades del sector para la explotación de los recursos[48].

En cuarto lugar, se terminaría de redactar el Estatuto Antártico, que regularía las funciones administrativas y crearía nuevos servicios públicos para acercar al Territorio Antártico Nacional con el Chile continental americano.

En quinto lugar, el plan contemplaba la requisición de todos los mapas y cartas que circulaban en las escuelas del país para su corrección, y sancionar a los responsables de las publicaciones que no incorporen en su integridad el territorio nacional.

Finalmente, se acordaba que en los planteles educacionales se comenzarían a implementar talleres para los profesores, para que también participasen en este proyecto como formadores de conciencia nacional.

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[1]

Congreso Nacional de Chile. Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados. Sesión 8 Ordinaria (8 de junio de 1955): 334; Congreso Nacional de Chile. Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados. Sesión 26 (12 de julio de 1955): 1.163-1.166. Volver

I. Chile, Argentina y Gran Bretaña y el Comienzo de la “Cuestión Antártica”, 1906-1940[1] | II. La Agudización de la “Cuestión Antártica”, 1947-1953 | III. Chile, India y Naciones Unidas, 1956 | IV. Las Últimas Controversias y la Aprobación del Tratado Antártico, 1957-1961 | Notas | Versión de impresión

 




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